MADRID, 16 (SERVIMEDIA)
La ministra de Igualdad, Irene Montero, reafirmó este jueves, que el aborto es un derecho aunque al señor Feijóo no se lo parezca”, después de que el presidente del PP negara que se trate de un derecho fundamental aunque dijo que sí se pueda ejercer dentro de las leyes de cada país.
Montero hizo este comentario en los pasillos del Congreso de los Diputados a su llegada a la sesión plenaria que debate las enmiendas del Senado a su reforma de la Ley del Aborto.
Preguntada si el aborto es un derecho fundamental, ella corroboró: “El aborto es un derecho y hoy va a ser ley la nueva Ley del Aborto. Ampliamos la posibilidad de que la red pública sea la referencia para la interrupción voluntaria del embarazo, también que se considere la salud menstrual como un derecho y como parte del derecho a la salud”.
“Hablamos mucho de educación sexual, precisamente para poder vivir y construir una sociedad en igualdad, así que sí, es un derecho, aunque al señor Feijóo no se lo parezca”, insistió la ministra de Igualdad, a quien seguidamente se le preguntó si ha enviado al PSOE su séptima propuesta de reforma penal de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, cosa que la vicesecretaria general de ese partido y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, negó ayer.
“Tienen todas las propuestas y lo que yo quiero es que, como he dicho varias veces ya, nos sentemos a negociar (yo no me he levantado de la mesa) y que seamos capaces de llegar a un acuerdo antes de que se produzca el debate en el Pleno y de que le demos la oportunidad al PP y a Vox de sumar sus votos para un retroceso en derechos”, contestó la también secretaria de Acción de Gobierno de Podemos, en su línea habitual.
“Yo creo que el consentimiento tiene que seguir en el centro del Código Penal y por tanto voy a trabajar para llega a un acuerdo ante de darle esa posibilidad a la derecha de este país, que, con su ofensiva contra la ‘Ley sólo sí es sí’ lo que quiere es eliminar el consentimiento y volver al Código Penal de ‘La Manada’”, remató, en alusión a que el PP y Vox están dispuestos a apoyar la iniciativa socialista de volver a una distinción de penas en función de que en una agresión sexual haya mediado la violencia o la intimidación, cosa que rechaza el ministerio de Irene Montero.
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