MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, se ha mostrado “muy alarmado” por las recientes medidas anunciadas por el Gobierno nicaragüense de Daniel Ortega para revocar la nacionalidad de 94 ciudadanos, así como la retirada de la ciudadanía a 222 presos políticos liberados.
El portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, ha comunicado que el secretario general “se alarmó al ver la decisión del Gobierno de Nicaragua de despojar a 94 de sus civiles de sus derechos civiles y políticos; especialmente el derecho de ciudadanía, nacionalidad y el derecho de propiedad”.
“Creo que merece la pena recordar que la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a la nacionalidad y que nadie debe ser privado de ella arbitrariamente”, ha señalado Dujarric durante una rueda de prensa.
Asimismo, ha precisado que Guterres “se siente alentado por la liberación de los 222 ciudadanos que habían sido detenidos por las autoridades de Nicaragua”, aunque agregaba que pedía “al Gobierno que libere al resto de personas (que se encuentran) en las mismas condiciones”, aunque “sin despojarlas de su nacionalidad”.
“El derecho a la nacionalidad es un derecho humano fundamental. No debe haber persecución ni represalias contra los defensores de los Derechos Humanos o las personas que expresan opiniones críticas”, ha remarcado.
La ONU se suma así a las condenas ya pronunciadas por la Unión Europea, que ha solicitado a Managua que dé marcha atrás en la decisión “injustificable”, y Estados Unidos, que ha recordado que “estos actos son incompatibles con los Derechos Humanos”.
El secretario de Estado estadounidense ha denunciado que esta medida “supone un nuevo retroceso para el pueblo nicaragüense y un paso más hacia la consolidación de un régimen autocrático”, según un comunicado.
Managua ha justificado la retirada de la nacionalidad bajo la acusación de la Fiscalía de la comisión del delito de “traición a la patria”. Entre los ciudadanos afectados se encuentran periodistas, activistas, políticos, religiosos o defensores de Derechos Humanos. Todos ellos, declarados “prófugos de la Justicia”, verán confiscados todos sus bienes y sociedades, que pasarán a manos del Estado, según informó ‘La Prensa’.
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