No se pronuncia sobre el caso de la líder catalana pero dice que la conformidad es un buen “instrumento”
MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha defendido este jueves la figura jurídica de la conformidad, aunque rehusando pronunciarse específicamente sobre los acuerdos alcanzados por el Ministerio Público con varios acusados en el juicio a la presidenta de Junts, Laura Borràs, unos pactos que el senador de dicho partido Josep María Cervera ha achacado al supuesto deseo de incriminar a la líder catalana.
Durante la Comisión de Justicia celebrada en el Senado para que García Ortiz presentara la memoria anual de la Fiscalía General del Estado (FGE), Cervera ha denunciado que el fiscal del caso “ha pactado con otros acusados rebajas sustanciales” de pena “a cambio de incriminar” a Borràs.
Cervera ha señalado que esto les “preocupa” porque “nos puede llevar a cualquiera a la cárcel, pues bastará una buena oferta para encontrar a alguien dispuesto a acusarnos” de lo que convenga.
En consecuencia, ha querido saber qué conocimiento tenía García Ortiz de estas conformidades en el que juicio que se sigue contra Borràs en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por presuntamente fraccionar 18 contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).
En respuesta, el jefe del Ministerio Público ha aludido al “instituto de la conformidad” pero ha especificado que no se iba a referir al caso concreto de Borràs. “La conformidad es un instituto reglado y perfectamente admitido”, un “instrumento de eficacia y rapidez” que tiene “controles”, ha defendido.
INSTA A REFLEXIONAR EN CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL
No obstante, ha concedido que “las conformidades hay que explicarlas y decir por qué se hacen”. A este respecto, ha instado a reflexionar por qué las víctimas acceden a pactar con sus presuntos agresores en casos de violencia sexual.
García Ortiz ha indicado que, aunque en todos los casos se acuerda con el ‘placet’ de la víctima, “su voluntad puede estar viciada” por la presión con la que llega ante el tribunal.
“¿Por qué una víctima llega a un proceso con esa carga”, hasta el punto de que “no quiere declarar ante un tribunal y llega a conformidades que puede no desear?”, ha planteado.
EL ESPIONAJE CON PEGASUS
Por otro lado, la senadora de ERC Laura Castel ha reprochado a García Ortiz que la Fiscalía analizara en su memoria anual los casos de “manifestaciones en Barcelona por el aniversario del 1-O” dentro de su apartado sobre terrorismo. “Un grupo terrorista, de entrada no creo que se manifieste”, le ha espetado.
En la misma línea, le ha pedido explicaciones sobre las acciones que ha emprendido la Fiscalía en relación con el presunto espionaje con Pegasus a líderes independentistas destapado por Citizen Lab.
“Si se persiguen estas acciones cuando no son ciudadanos independentistas (…), entiendo que las violaciones que afecten a los ciudadanos independentistas también se perseguirán ¿o se actuará con sesgo?”, ha lanzado.
Castel ha advertido a García Ortiz en contra de incurrir en una “omisión de funciones por sesgo”: “No se sitúe en esa situación de ignorancia deliberada respecto al ‘catalangate'”.
El fiscal general no se ha referido directamente a las preguntas de Castell pero sí ha sostenido que en la actuación del Ministerio Fiscal “no hay sesgos”. “No hay sesgo en ningún sentido, no vemos de manera diferente unos comportamientos y otros”, ha aseverado.
Además, ha reivindicado que, aunque España pueda tener sentencias condenatorias por vulneraciones de los derechos fundamentales, “para eso están los tribunales, para corregir esas deficiencias”.
García Ortiz no ha dudado al manifestar que “el funcionamiento del Estado de Derecho es igual para todo el mundo”, por lo que “es complicado hablar de España como un país en el que no se respetan los Derechos Humanos”.
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