MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
El alto comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Türk, ha alertado de lo que considera una “preocupante” propuesta de ley con la que el Gobierno italiano de la ultraderechista Giorgia Meloni busca obstaculizar la prestación de ayuda vital a las organizaciones humanitarias que operan en el mar Mediterráneo.
Türk ha explicado que es una “forma equivocada” de abordar esta crisis humanitaria y que no solo provocará más muertes en el mar, sino que castigará tanto a los migrantes como a quienes intentan ayudar, por lo que no es más que una forma de “disuadir” a quienes realizan esta “crucial labor” de asistencia.
La medida, aprobada por la Cámara de Diputado y a la espera la próxima semana de su análisis en el Senado, estipula que las embarcaciones tienen que acudir a puerto inmediatamente después de llevar a cabo un rescate, obligando a obviar las emergencias que puedan surgir de manera adicional.
“Esta nueva propuesta obliga a ignorar las llamadas de socorro de quienes se encuentren en el mar simplemente por el hecho de haber salvado ya a otros”, denuncia Türk, que también ha criticado que los puertos designados para desembarcar a las personas rescatadas estén “a varios días” de navegación.
“Quienes queden varados en el mar se verán obligados a soportar una exposición prolongada a los elementos, corriendo el riesgo de perder la vida. Los que sobreviven se enfrentan a mayores retrasos en el acceso a una atención médica, incluso para las víctimas de tortura, violencia sexual”, ha denunciado.
Türk también ha advertido de que la nueva ley del Gobierno de Meloni también conlleva el riesgo de que aumenten las interceptaciones y la devoluciones a Libia, espacio que la ONU ha alertado en varias ocasiones de que no puede considerarse un puerto seguro.
A su vez, aquellas personas y organizaciones que buscan ayudar a todas estas personas se ven sujetas a más trabas administrativas, pues deberán registrar a cada una de las personas que tienen previsto solicitar protección internacional, corriendo el riesgo de ser sancionadas y sus bienes confiscados en caso de error.
Por todo ello, el alto comisionado de Naciones Unidas ha instado al Gobierno italiano que replantee la ley y consulte a los grupos de la sociedad civil, en especial las ONG humanitarias y de rescate, para una nueva redacción de la medida que contemple todos los principios recogidos en la legislación internacional.
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