SEVILLA, 15 (EUROPA PRESS)
La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha asegurado que los trámites sobre la licitación y adjudicación del arrendamiento de la sede del SAE en la barriada malagueña de El Palo “no se han apartado de los criterios técnicos” y según la legislación vigente; instando a evitar un juicio paralelo mientras existe una causa judicial al respecto.
Así ha respondido en comisión parlamentaria a la pregunta realizada por el grupo Vox sobre la citación en enero en el Juzgado de Instrucción número 1 de Málaga a la delegada provincial de Empleo, María del Carmen Sánchez, como querellada tras la denuncia por presunta prevaricación en relación con la adjudicación del arrendamiento de dicho inmueble.
Vox ha cuestionado a la consejera respecto de las medidas a tomar y sobre si con el PP “la historia se vuelve a repetir” y van “a seguir con las políticas del socialismo andaluz” en cuanto al funcionamiento del SAE; “un ente con un gasto disparatado” y que supone, según dicho grupo parlamentario, uno de los “chiringuitos políticos” en Andalucía.
Blanco ha señalado que la red de oficinas del SAE es “la puerta de entrada a la participación por parte de la ciudadanía a las políticas activas de empleo”, por lo que, ha apuntado, se trabaja “en la modernización de las mismas” para disponer de instalaciones “adecuadas y que garanticen la calidad de los servicios”. Se tiene previsto actuar en más de 35 sedes, entre ellas la de El Palo.
Respecto al tema judicial, Blanco ha indicado que está “sub iudice, por lo que no cabe un juicio prematuro y paralelo en vía parlamentaria”, pidiendo “prudencia desde un foro en el que debemos evitar la alarma social o el daño gratuito derivado del mal uso político de este asunto, siendo el Estado de derecho el principio fundamental por el que se rige la consejería y el Gobierno andaluz”.
La consejera ha precisado que respecto a este trámite “toda la documentación desde el inicio está colgada en el Perfil del Contratante” para que cualquiera pueda acceder a ella; y ha explicado que entre los documentos están disponibles “las decisiones adoptadas por la mesa de contratación”, formada por varios profesionales.
Pero, ha incidido, “la delegada provincial no forma parte de esa mesa”, sino que su intervención consiste “en este como en todos los casos, en hacer suya la decisión de la mesa y en firmar la adjudicación”.
Además, ha asegurado que las decisiones tomadas en este sentido “no se han apartado de los criterios técnicos” y según la legislación vigente y ha apuntado que en virtud de esa normativa “se designó un comité de expertos para realizar la evaluación de la oferta recibida en la licitación”; comité que, ha dicho, “ha avalado en todo momento cada una de las decisiones para la tramitación de este procedimiento tanto en aspectos técnicos como jurídicos”.
Asimismo, la consejera ha señalado que la empresa decidió recurrir por vía administrativa, recurso que fue desestimado; y también interpuso un recurso contencioso-administrativo que el juzgado correspondiente también desestimó “en una sentencia que da la razón al SAE”.
Blanco ha apuntado que al haberse declarado desiertas las licitaciones previas la Dirección Provincial del SAE “podía haber hecho una adjudicación directa” y ha destacado que, “sin embargo, decide tramitar un nuevo procedimiento, primando los principios de transparencia, publicidad y concurrencia”.
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