MADRID, 15 (SERVIMEDIA)
En vísperas de la primera reunión del Ministerio de Justicia con el comité de huelga de los letrados de la Administración de Justicia, los huelguistas aseguran que el paro tiene un seguimiento del 80%, lo que ya ha motivado la suspensión de 152.000 juicios y vistas en todo el territorio nacional.
La ministra Pilar Llop se mostró este miércoles “abierta a un diálogo honesto con los letrados de la Administración de Justicia” en la sesión de control al Gobierno del Congreso. Los letrados están en huelga indefinida desde el pasado 24 de enero y mañana tendrán su primera reunión con el Ministerio.
La huelga ha estado salpicada de discrepancias por las cifras de seguimiento del paro entre los convocantes y Justicia que, finalmente, se reunirá con ellos este jueves para tratar sus reivindicaciones salariales pese a que, según Llop, “es uno de los cuerpos que mayor subida retributiva ha tenido en esta legislatura”.
Tras 17 días de huelga, los letrados aseguran que el seguimiento de la protesta ha subido hasta el 80% desde sus inicios, en que cifraban el seguimiento en un 75%. Según sus datos, unos 152.000 juicios y vistas han sido suspendidos, de los cuales 20.000 corresponden a Madrid.
Según señala el comité de huelga, siguen parados mayoritariamente los letrados de la Administración de Justicia del Tribunal Supremo y el registro general permanece cerrado. Además, la cuenta de cosignaciones judiciales está parada y hay 560 millones de euros pendientes de entregar como consecuencia de la huelga.
En una nota de prensa difundida este miércoles, los huelguistas aseguran que están “dispuestos a dialogar” y anuncian que “mañana iremos a Madrid desde Barcelona, Zaragoza, Sevilla, Alcira y Vigo con la predisposición de solucionar el conflicto” y dejan en manos de Justicia “que a partir del viernes la actividad en los juzgados y tribunales se normalice”.
La labor de los 4.422 letrados de la administración de Justicia es clave en juzgados y tribunales. Estos funcionarios dirigen la oficina judicial, impulsan los asuntos, dictan resoluciones y gestionan las cuentas desde las que se abonan pensiones alimenticias, embargos o indemnizaciones, que tienen un saldo medio de 4.500 millones de euros. También actúan como fedatarios públicos en las vistas, con lo que su ausencia está obligando a suspender miles de juicios.
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