MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
El Gobierno de Túnez ha rechazado las “precipitadas” e “impertinentes” críticas internacionales a los últimos arrestos de opositores en el país, en medio de las denuncias sobre una deriva autoritaria del presidente, Kais Saied, y ha subrayado que “socavan la independencia” del aparato judicial.
El ministro de Exteriores tunecino, Nabil Amar, ha indicado en declaraciones concedidas a la agencia estatal tunecina de noticias, TAP, que las críticas de “algunas partes extranjeras” son “inexactas” y ha defendido que los arrestos son parte de “casos graves” que afectan a la “seguridad nacional”.
Así, ha hecho hincapié en que estas detenciones “no tienen nada que ver con actividades políticas o de Derechos Humanos”. “Los activistas políticos y los defensores de los Derechos Humanos siguen siendo ciudadanos responsables que disfrutan de todos sus derechos”, ha manifestado.
Amar ha trasladado a “ciertas partes” que Túnez nunca ha hecho comentarios sobre procedimientos legales en otros países contra empresarios, políticos, parlamentarios o periodistas, al tiempo que ha rechazado “toda interferencia” en los asuntos internos del país y cualquier intento de “influir” al aparato judicial.
Por su parte, Saied ha señalado que las autoridades “respeta los Derechos Humanos”, si bien ha argumentado que “cuando se trata de un complot contra el Estado, ya no es una cuestión de derechos”. En esta línea, ha reiterado sus denuncias sobre supuestas actividades para “dividir el Estado”, tal y como ha recogido la emisora tunecina Mosaique FM.
La reacción de las autoridades tunecinas llega tras las críticas durante las últimas horas por parte de Naciones Unidas y la Unión Europea (UE) a la campaña de arrestos de opositores entre ellos Nurredín Bhiri, alto cargo del partido islamista Ennahda, y Zahr al Akram. También figura entre los detenidos el director de la emisora Mosaique FM, Nurredín Butar.
Saied ha impulsado una serie de medidas para reformar el sistema político de Túnez, entre ellas un referéndum constitucional, aprobado en medio del boicot opositor, que refuerza las competencias de la Presidencia. La oposición ha denunciado una deriva autoritaria del mandatario y ha exigido su dimisión, especialmente tras la bajísima participación en las legislativas de diciembre y enero.
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