MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
La Federación de Enseñanza de CCOO ha exigido este martes al Gobierno “recursos y garantías jurídicas” para el desarrollo de un sistema integrado de Formación Profesional (FP) que revierta los “desajustes educativos y formativos” que, a su juicio, “lastran a la población trabajadora, en general, y a los y las jóvenes, en particular, desde la anterior crisis”.
Así lo ha puesto de relieve el sindicato ante la presentación del borrador del nuevo Real Decreto de Ordenación de la Formación Profesional que desarrolla la Ley 3/2002 de ordenación e integración de la FP.
Respecto a la dotación presupuestaria, CCOO insta al Gobierno a “mantener y ampliar” la inversión, más allá de los Fondos Europeos del mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
CCOO considera “prioritario” establecer un Mapa de la Formación Profesional, contemplado en la Ley de FP (art. 95), que permita planificar y programar “una oferta suficiente” de plazas públicas. “Por otra parte, la aparición de nuevas figuras educativas y el aumento de los proyectos que realizan los centros de FP requieren de una dotación horaria y de plantillas para garantizar su éxito”, ha subrayado.
Según el sindicato, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) del Partido Popular (PP) y sus “normativas segregadoras convirtieron la Formación Profesional en una etapa de contención para estudiantes con menos recursos y sin éxito académico, y abrió las puertas a la participación de agentes con ánimo de lucro”.
“La FP Básica, la imposición de la FP Dual, la ausencia de la negociación colectiva, las tasas públicas en los ciclos formativos, el aumento de las ratios, la privatización de la oferta y su sustitución por la modalidad en línea, son algunas de las políticas realizadas que se han perpetuado, sin evaluación alguna de su impacto sobre el nivel educativo y la transición al mercado de trabajo”, ha argumentado.
Asimismo, CCOO considera “urgente” definir un plan de lucha contra el abandono educativo basado “en la prevención, la orientación, el acompañamiento y los recursos de apoyo al alumnado con más dificultades, mediante la implantación de los departamentos de orientación educativa y laboral en todos los centros de FP, con dotaciones acordes al alumnado y a su diversidad”.
Por todo ello, el sindicato ha instado al Ministerio de Educación y Formación Profesional a redactar una normativa que “garantice los derechos formativos de la ciudadanía, fortaleciendo el sistema público con la aportación suficiente de recursos”.
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