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Junts acusa a ERC de haber hecho el “ridículo” con la reforma penal y la CUP habla de “ingenuidad” de los de Junqueras

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Rufián defiende que pactar nunca es “inútil” y dice que no se puede “cambiar” al Poder Judicial pero sí intentar “ponérselo más difícil”

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha asegurado este martes que la decisión del Tribunal Supremo respecto a las condenas de los líderes del ‘procés’ evidencia que ERC ha hecho el “ridículo” al pactar con el Gobierno la reforma del Cógido Penal que suprimió el delito de sedición y rebajó las penas del de malversación, mientras que desde la CUP Mireia Vehí ha apuntado a la “ingenuidad” con la que, a su juicio, han actuado en este tema los de Oriol Junqueras.

Así se han pronunciado ambas al ser preguntadas sobre el auto dictado por el Tribunal Supremo que mantiene la pena de 13 años de inhabilitación al presidente de Esquerra, de tal forma que no podrá aspirar a ningún cargo público antes de 2031.

En rueda de prensa en el Congreso, Nogueras ha subrayado que la decisión del Supremo ha puesto de manifiesto que “pactar con el Estado no sirve para nada”, que sólo lleva a “hacer el ridículo”, a constatar que la vía de la mesa de diálogo sobre Cataluña está “muerta” y a confirmar que “la única posible es la de la independencia”.

“Hay que ser muy iluso para creer que se puede ganar en campo contrario cuando el árbitro es Manuel Marchena (presidente de la Sala Segunda del Supremo”, le ha dicho a ERC, a la que ha exigido, igual que a los comunes que “no se quejen” porque la reforma penal se aprobó tal y como ellos propusieron. “El Supremo ha hecho de Supremo, el PSOE de PSOE y ERC de ERC”, ha resumido.

EL TS “REDOBLA LA APUESTA”

De su lado, Vehí considera “obvia” la decisión del Supremo, al que se ha referido como “el gobierno de las togas”. Así, ha criticado al PSOE, por “cándido” e “irresponsable”, y ha añadido que ERC “pecó de ingenuidad” por acceder a una reforma que mantenía que lo sucedido el 1 de octubre de 2017 era delito y dejaba la “puerta abierta a hacer de la malversación el nuevo caballo de batalla”.

“Se hizo una reforma para que el Poder Judicial no clamara al cielo y resulta que clama al cielo y redobla la apuesta”, ha resaltado, antes de apuntar que “no tiene sentido legislar con pies de plomo cuando al frente de la Sala Segunda del Supremo está Manuel Marchena”. Por todo ello, ha reclamado que “se garantice el derecho de autodeterminación para plantar cara a la cúpula judicial”.

Por su parte, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha dicho tener asumido que su formación no puede “cambiar” al Poder Judicial español pero sí “intentar ponérselo difícil” y ha defendido que “nunca es inútil” dialogar, pactar y negociar para, por ejemplo, cambiar el Código Penal.

Rufián ha indicado que este asunto aún tiene “recorrido”. “Hay partido, queda Europa”, ha apuntado, incidiendo también en que la reforma penal estaba pensada “para futuras generaciones” y en que encarcelar a líderes del ‘procés’ como Junqueras no servido para que haya “menos independentistas”

Además, ha confesado que no le ha “sorprendido” la decisión del Supremo ni que el PSOE la utilice para decir que el PP mentía sobre la reforma penal. Eso sí, ha aprovechado para arremeter contra los políticos de Cataluña que, según ha dicho, “ven la política como si fueran espectadores de una película”, en lugar de actuar.

PDeCAT: “INTERPRETACIÓN FORZADA” DE LA LEY

Desde el PDeCAT, Genís Boadella, cuya formación también apoyó la reforma penal, se ha felicitado de que el Supremo haya “confirmado” que se ha producido una “auténtica derogación” del delito de sedición, pero ha lamentado no haya tenido en cuenta la “voluntad del legislador” en lo relativo a la reforma de la malversación.

Y es que, a su juicio, el Supremo ha hecho una “interpretación forzada” al asumir la desaparición del delito “principal” –la sedición– pero manteniendo la pena máxima por un delito “accesorio” –la malversación–. Según Boadella, esto demuestra que la Transición aún “continúa pendiente” en el Poder Judicial que continúa “forzando la interpretación de las leyes”.


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