El Consejo Superior de la Justicia insiste en tener independencia presupuestaria
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 10 (EUROPA PRESS)
El fiscal general de Andorra, Alfons Alberca, ha pedido que se introduzca en el ordenamiento penal la tipificación de la corrupción privada para poder adoptar el Convenio de Mérida contra la corrupción del 2003.
Lo ha expuesto este viernes durante su intervención en la apertura del año judicial, durante el cual también ha hecho balance de la actividad desarrollada por el ministerio Fiscal durante el último año y medio.
En el acto también ha intervenido el presidente del Consejo Superior de la Justicia (CSJ), Enric Casadevall, que ha reiterado la necesidad que la Justicia pueda disponer de independencia presupuestaria para tener más agilidad y libertad a la hora de gestionar los recursos.
Alberca ha destacado las múltiples reformas legislativas que se han llevado a cabo pero ha remarcado que hay coses que han quedado pendientes, poniendo como ejemplo la adopción del Convenio de Mérida.
Para poder ratificarlo hay que tipificar un conjunto de figuras que por ahora Andorra no tiene, como la corrupción privada, el incremento injustificado de patrimonio así como la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
El fiscal ha recordado que son “exigencias” hechas por distintos comités internacionales como el Moneyval o el Greco y ha recordado que Andorra tampoco ha firmado aún el convenio contra la corrupción privada del Consejo de Europa.
“Son lagunas legislativas que quedan y el país no puede quedar fuera de la competitividad internacional”, ha asegurado, añadiendo que son estándares de tipificación que se le puede pedir a las empresas cuando quieran salir a operar fuera del país.
Por otra parte, Alberca también ha reiterado la necesidad de reformar el código de procedimiento penal para adecuar el uso de las nuevas tecnologías, introducir la fórmula de la conformidad en la fase intermedia del proceso y ampliar nuevamente a un mayor número de supuestos la ordenanza penal –juicio rápido– en la fase de instrucción.
CONSEJO SUPERIOR
Por su parte, Casadevall ha vuelto a pedir que la Justicia pueda disponer de un presupuesto independiente porque actualmente dependen del Gobierno y ésta situación “dificulta la gestión diaria y conlleva lentitud”.
El presidente del CSJ ha dejado claro que en ningún momento piden más dinero, sino que el dinero que se les dé “lo tenemos que colocar donde queramos y donde sea necesario”.
De hecho, ha recordado que la petición no es nueva, dado que ya la habían hecho alguno de sus predecesores así como anteriores jefes de Gobierno de Andorra.
Casadevall también se ha referido al plan de choque aprobado por el Gobierno para descongestionar la administración de Justicia y ha apuntado que una vez cubiertas todas la plazas previstas en el presupuesto del 2023, en un plazo de 2 años se notará una agilización de los procesos.
El presidente del CSJ, que termina su mandato en noviembre de este año, ha aprovechado también para hacer un balance más amplio de todas la acciones llevadas a cabo en los últimos cinco años.
CRIMINALIDAD
Según la memoria de la Fiscalia, durante el pasado período judicial, que comprende un año y medio debido a que la modificación de la Ley de la Justicia que entró en vigor en diciembre fija que el año judicial coincidirá con el natural, la criminalidad ha vuelto a las cifras de antes de la pandemia.
En total se han emitido 10.592 informes, 18 más que en el ejercicio anterior, y entre julio de 2021 y junio de 2022, se han iniciado 4.651 causas penales frente a les 3.840 del periodo judicial anterior.
Concretamente, se han perseguido 4.883 infracciones penales por las 4.055 del período anterior, lo que representa un incremento de la delincuencia aparente del 20,42%.
Alberca ha indicado que el hecho de que haya más movimiento de personas en las fronteras ha conllevado un incremento de la introducción de hachís, del consumo del mismo o de cocaína, volviendo a los niveles de prepandemia.
Por otro lado, ha destacado que el 94,86% de las 1.207 ordenanzas penales propuestas han sido aceptadas por los imputados y que des de la reforma en relación a los acuerdos de conformidad se ha reducido de forma “significativa” el número de presos preventivos.
- Te recomendamos -
