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Adelante acusa a Moreno de no garantizar el derecho a la salud mental en Andalucía

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SEVILLA, 9 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha reprochado este jueves al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que el Gobierno andaluz “no están garantizado el derecho a la salud mental de los andaluces y es su responsabilidad”, en el transcurso de su primera pregunta a Moreno en su estreno como portavoz parlamentario de este grupo tras haber sustituido a Teresa Rodríguez, quien renunció en diciembre de 2022 a su escaño.

García ha iniciado su intervención subrayando que “me estreno y voy a hablar de algo que es incómodo” tras considerar que “en este Parlamento se ha hablado muy poco de salud mental”, mientras que ha deslizado el dato de que 793 personas se suicidaron en 2020 en Andalucía, un 23% más, dentro de lo que ha calificado como “una dinámica ascendente”, antes de cargar contra “el mito creado de que en Andalucía vivimos muy bien”, convencido de que una mayor tasa de suicidio “es también una cuestión de clase” y sostener que los suicidios son “la punta del iceberg de la salud mental”.

El portavoz parlamentario de Adelante Andalucía ha puesto sobre la mesa su experiencia vivida como profesor para relatar el caso de “un alumno de 15 años que se autolesiona, que tiene ideas suicidas, que es derivado a Salud Mental y tiene una cita hospitalaria para dentro de 3 meses”, y plantearle a su madre la pregunta de si “se puede pagar un psicólogo privado” y concluir, ante la cara de la madre, que “ahí se acabó el derecho a la salud mental” y apuntar que “la media de días de espera es de 63 días” para poder acudir a un psicólogo en la sanidad pública.

Tras describir que en el caso del Instituto de Educación Secundaria donde daba clases había un orientador escolador ante 1.200 alumnos, una ratio que ha sostenido “no es una cuestión puntual, pasa en todos los institutos”, García ha argumentado que “sin terapias, sin consultas sostenidas en el tiempo, eso no es derecho a la salud mental” para apuntar que “en Andalucía hay más suicidios que psicólogos” y preguntarse cuanto de los 109 parlamentarios autonómicos van al psicólogo y colegir que si lo hacen es “porque podemos pagarlo” y advertir al presidente de la Junta que si acudiera con un familiar a los servicios de salud mental públicos “esperaría tres meses para tener cita en el psicólogo”.

García ha señalado que la ratio de Andalucía de psicólogos por cada 100.000 habitantes es de 3,5, frente a los 6 de España y los 18 de la Unión Europea.

MORENO REIVINDICA QUE “AHORA SÍ SE PONE EL FOCO EN LA SALUD MENTAL”

Moreno, quien ha reconocido a García que ha tenido “un buen estreno” como portavoz parlamentario por cuanto “ha puesto el dedo en la llaga”, ha reivindicado que si “durante años la salud mental no ha recibido la atención que merece, ahora sí se pone el foco” sobre lo que ha calificado como un problema de “primer orden”, como ha señalado al apuntar un incremento del 31% de las consultas de salud mental y que “el suicidio se ha convertido en la causa principal de la muerte entre los adolescentes”, para concluir sobre la necesidad de “pararnos a reflexionar” ante el hecho de que “la salud mental es una pandemia silenciosa”.

Tras afirmar que “el Gobierno andaluz es muy consciente” de la dimensión del problema, ha apuntado que en este 2023 por primera vez en Andalucía “habrá en todas las provincias unidades de hospitalización infantojuvenil”, a lo que ha sumado la unidad sobre adolescentes en el Hospital Militar de Sevilla, mientras que a las dos unidades sobre trastorno alimentario de Málaga y Granada se sumará una tercera en el Hospital Militar.

El presidente de la Junta de Andalucía, quien ha instado a José Ignacio García a “reconocerme algunas cosas” para evitar entrar “en una batalla de datos con cifras y frases hechas”, ha esgrimido que la salud mental “ha entrado por primera vez en la agenda institucional y política”, para usar la propia experiencia profesional del portavoz de Adelante y apostar por la cooperación con la comunidad educativa, que “puede detectar el problema y ponerlos en contacto” con la atención sanitaria, punto en el que ha apostado por “la ampliación de los orientadores” y considerar que “vamos por el camino adecuado”.


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