MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
El Ministerio del Interior ha presentado este miércoles sus nuevas medidas para hacer frente al incremento de la cibercriminalidad en España, incluyendo una campaña publicitaria en la que pide a los ciudadanos cuidar la “autoprotección” porque uno de cada cinco delitos se comete ya en el plano virtual de la red.
“El doble efecto de descenso de criminalidad convencional y aumento de los ciberdelitos nos ha llevado a un punto de inflexión: hoy, uno de cada cinco delitos en España se comete en la red”, ha explicado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en un acto en el que ha estado respaldado por la cúpula del departamento.
BUSCAN ALERTAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS
El Ministerio del Interior se apoyará en un spot publicitario que difundirá “ampliamente” en varias fases y se que centra en el mensaje de extremar la vigilancia y autoprotección en el mundo virtual, por ejemplo al navegar por Internet. Para ello utilizan ejemplos como un joven que se suicida por el acoso en la red o un pensionista que pierde todos sus ahorros.
“Pretendemos incrementar la confianza ciudadana en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como primer instrumento público de lucha contra la cibercriminalidad”, ha destacado el ministro.
En el acto de presentación, el ministro ha estado acompañado por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez; el director general de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, José Antonio Rodríguez; y los máximos responsables de la Policía Judicial en la Policía Nacional y la Guardia Civil, el comisario principal Rafael Pérez y el general Ángel Alonso, entro otros cargos como el jefe de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, Álvaro Lossada.
ESTAFAS EN ALZA
El Ministerio del Interior ha recordado que en 2022 las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contabilizaron 375.506 infracciones penales en cuya planificación, desarrollo y ejecución resulta determinante el uso de herramientas tecnológicas, sistemas informáticos y métodos digitales de transmisión, por lo que pueden ser englobadas bajo el epígrafe de ciberdelincuencia.
Son datos provisionales, pero ya recogen, según Interior, que “la inmensa mayoría de estos ciberdelitos son fraudes o estafas informáticas, tipología en la que encajan 336.778 de las infracciones registradas, casi el 90 por ciento del total”.
En conjunto, la cibercriminalidad ha experimentado un incremento de un 72% respecto a los registrados en 2019, aumento que se eleva hasta el 352% si la comparación se realiza respecto a 2015. En el caso de los fraudes y estafas informáticas, crece hasta el 442,9%.
En su balance hasta septiembre de 2022, Interior sumaba 1,7 millones de infracciones penales: la criminalidad convencional representaba el 87,5% de los casos, con una bajada del 0,8% con respecto a 2019 –año previo a la pandemia– y la cibercriminalidad suponía el restante 12,5%.
POTENCIAR LA OFICINA DE CIBERSEGURIDAD
Junto a la campaña de sensibilización, el Ministerio del Interior ha adoptado una serie de decisiones operativas, de acuerdo al Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad que aprobó el departamento en 2021. De esta forma, la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC) será reforzada como órgano que enlaza a la Secretaría de Estado de Seguridad con los centros de respuesta a incidentes cibernéticos nacionales de referencia.
En adelante esta oficina va a constituirse en el Centro de Respuesta a Incidentes Cibernéticos del Ministerio del Interior de apoyo a la Policía Judicial (CSIRT-MIR-Policía Judicial), asumiendo más funciones como autoridad competente en materia de seguridad de las redes y sistemas de información para los operadores de servicios esenciales y críticos, así como observatorio de análisis de esta materia.
Según Interior, por primera vez la Secretaría de Estado de Seguridad contará con una dotación presupuestaria específica de cinco millones de euros para atender las inversiones necesarias para dotar de las capacidades tecnológicas adecuadas tanto a la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad como a las unidades de Policía Nacional y Guardia Civil especializadas en la prevención y persecución de los ciberdelitos.
El Ministerio ha señalado que el incremento de la plantilla especializada ha pasado en 2018 de 714 agentes a 1.352 efectivos al término de 2022.
Grande-Marlaska ha justificado que se preste especial atención a esta realidad criminal porque los expertos policiales advierten del “notable y negativo impacto sobre los intereses nacionales, las instituciones, las empresas y la ciudadanía”.
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