Endesa asegura que es “parte perjudicada en este proceso”
BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)
El Juzgado Penal 18 de Barcelona juzga este miércoles a dos responsables y una empleada de la empresa DPS Consulting –subcontratada por Endesa– por presunto intento de estafa al reclamar una deuda, en un caso en el que también está acusada la propia empresa.
La Fiscalía ha reclamado para los tres trabajadores una pena de tres años de cárcel por presuntas coacciones, mientras que la acusación particular lo eleva a cuatro años y nueve meses por presuntas coacciones, intento de estafa y usurpación de funciones públicas, y también acusa a la mercantil, según consta en los escritos de acusación a los que ha tenido acceso Europa Press.
El caso empezó por la denuncia de una mujer que debía 2.369 euros, por la que recibió de DPS Consulting una llamada del departamento de “‘llamadas especiales’, en las que simulaban llamar desde el servicio de notificaciones judiciales y amedrentaban a los deudores con cortarles el suministro y embargarles las cuentas bancarias”, explica el fiscal en su escrito.
Las tres personas acusadas en el juicio son la empleada que hizo la llamada y los dos directivos que presuntamente acordaron crear un “departamento especial de llamadas” para estas prácticas.
La acusación particular también reclama para la empresa una multa de 4.738 euros y que se le prohíba ejercer la actividad de reclamación de impagos durante un año y medio.
La Aliança contra la Pobresa Energètica (APE), que acompaña a la denunciante, ha expresado en un comunicado este miércoles que espera que la sentencia de este caso “sirva de punto de inflexión, depure las responsabilidades necesarias”.
La entidad ha remarcado que la compañía reclamó la deuda a sabiendas de que la deudora “se encontraba en situación de vulnerabilidad acreditada por los Servicios Sociales y que la mayor parte de la deuda podía haber prescrito”.
ENDESA SE CONSIDERA “PERJUDICADA”
Fuentes de Endesa consultadas por Europa Press han asegurado que la empresa “trabaja siguiendo los protocolos” fijados en la ley de emergencia habitacional y la normativa sobre clientes en situación de vulnerabilidad, y ha recordado que en 2021 firmó con la Generalitat y ayuntamientos el convenio de pobreza energética para condenar la deuda a familias vulnerables.
Respecto al cobro de deudas de clientes ya dados de baja, ha asegurado que con los clientes acreditados como vulnerables por los Servicios Sociales hace “una gestión especializada y diferenciada”.
La empresa afirma ser “parte perjudicada en este proceso”, y ha recordado que por eso denunció el caso ante Fiscalía, y ha asegurado que sus protocolos no se corresponden con lo enjuiciado.
- Te recomendamos -
