MADRID, 07 (SERVIMEDIA)
El PSOE respetará los trámites ordinarios en el Congreso de los Diputados y presentará en la reunión de la Mesa de la Cámara del martes de la semana que viene, para su calificación, su proposición de ley para reformar la denominada ley del ‘solo sí es sí’ por la vía de urgencia. Después se elevará a la Junta para su incorporación al orden del día de un Pleno.
Fuentes grupos parlamentarios socios del PSOE en esta legislatura consideran que esta vez, en lugar de forzar el trámite, como aseguran, se han hecho en otros momentos, como con la reforma del delito de sedición, el PSOE no ha promovido una reunión extraordinaria de la Mesa del Congreso para calificar la reforma ni su posterior elevación en Pleno ante la falta de apoyos para que inicie su tramitación.
Ante la respuesta de los socios parlamentarios, que en su mayoría insisten en la necesidad de un consenso entre los partidos de la coalición de Gobierno PSOE-Unidas Podemos para reformar la ley, el PSOE evita ahora hablar de una aprobación en “un mes”, como llegó a afirmar cuando presentó el texto en el registro.
En estos momentos, en el PSOE ya no descartan que el primer debate de toma en consideración sea la semana del 7 de marzo.
Para lograr ese respaldo, fuentes socialistas trasladan a Servimedia que ya están “desplegando” sus contactos con el resto de partidos para aunar una posición que permita reformar la norma vigente.
En el PSOE creen que están “poniendo orden donde había que ponerlo” y por eso han optado por presentar esta reforma aun sin el apoyo de los socios del Ejecutivo porque “algo había que hacer” ante la “alarma social” que ha despertado la aplicación de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual.
Los socialistas son conscientes de que con la reforma no invierte ya esos “efectos indeseados” de las rebajas de condenas, así como que los que cometan delitos hasta la entrada en vigor de su reforma se verán beneficiados por la actual ley del ‘solo sí es sí’. Pero defienden que, aunque no salga adelante su texto, ellos tenían la “obligación” de hacer algo para cambiar la norma que impulsó el Gobierno y aprobaron las Cortes.
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