El conflicto tiene su origen en las disputas entre los socios de un restaurante, entre ellos el exteniente de alcalde, y el denunciante a raíz de que éste colocara una valla en un terreno colindante
MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
El exalcalde de Guadarrama José Ignacio Fernández Rubio (PP) ha negado en el juicio por el que se enfrenta a tres años de cárcel haber presionado al propietario de una finca para que se la cediera o vendiera a un restaurante, de la que era socio el exteniente de alcalde y también acusado Miguel Rodríguez Bonilla.
“En absoluto”, ha respondido el exregidor a la pregunta de la fiscal si amenazó al dueño de la finca con denegarle licencias y someterle a continuas inspecciones de la Policía Local. Además, ha dicho que en las Junta de Gobierno se abstenía en los procedimientos referidos a esta cuestión, reconociendo que en dos ocasiones ejerció como abogado para mediar en el conflicto.
El exalcalde se enfrenta a tres años de cárcel por un delito de prevaricación mientras el que fuera su ‘mano derecha’ afronta dos años de cárcel por un delito de coacciones y lesiones. En las cuestiones previas, la defensa ha alegado la prescripción de los delitos y que si se le condena, se aprecie la atenuante de dilaciones indebidas.
El procedimiento se remonta a abril de 2007 por las disputas entre los socios del restaurante El Molino, entre ellos el exteniente de alcalde, y el denunciante a raíz de que éste colocara una valla en un terreno colindante que se usaba de parking después de ganar un pleito sobre la propiedad de la parcela.
La víctima del delito, tras ser reconocida por un médico forense, presentó un cuadro clínico “compatible” con el diagnóstico ansioso depresivo, consecuencia de la presión a que fue sometido.
En su declaración, el exalcalde popular ha afirmado que es “totalmente falsa” la acusación que ejerce el propietario de esta finca, si bien ha señalado que ejerció como abogado en dos ocasiones de la mercantil que litigaba contra el denunciante.
En contra de la fiscal, sostiene que interpuso solo una demanda civil contra el denunciante, quien sostiene que su finalidad eran presionarle para que vendiera la finca. “Yo creo que no tenían esa función. Esas demandas no las firmé yo”, ha reseñado.
Fernández Rubio ha señalado que ejercía como abogado en un pleito anterior a los hechos de una mercantil contra el denunciante, indicando que como alcalde delegaba todas sus competencias en los concejales de la Junta de Gobierno.
El acusado ha reconocido que hubo una llamada en la que pidió al dueño de la finca que no pusiera una valla a favor de una buena relación de convivencia. “Intenté siempre mediar como abogado”, ha dicho indicando que no se identificó como alcalde de Guadarrama.
En enero de 2020, la Audiencia de Madrid absolvió a Fernández Rubio de un delito de prevaricación administrativa en relación con la permuta de un terreno de una empresa por otros del Ayuntamiento y sobre la que el dueño denunció que no recibió compensación económica.
PRESIONES AL DUEÑO DE UN RESTAURANTE
Según la fiscal, durante el mandato de Fernández Rubio, se llevaron a cabo una serie de conductas de forma “continuada” y en “connivencia” de cara a presionar a J. R. R. a fin de que les cediera o les vendiera una finca de su propiedad colindante con otra propiedad de Golden Hipotecario S.L. de la cual el regidor era abogado y su número dos en la Alcaldía era socio.
En la citada finca se hallaba ubicado el restaurante El Molino. A criterio de la Fiscalía, ambos acusados bien mediante llamadas de teléfono, “continuas” inspecciones de los Agentes de la Policía Local, interposición de demandas civiles contra el propietario o bien mediante la denegación de permisos, paralizaban cualquier trámite que J. R., R. solicitaba al consistorio.
De este modo, ambos acusados ordenaron a A. V. V., en su condición de Jefe de la Policía Local del Guadarrama, que diera la orden a sus agentes para que vigilaran continuamente la finca de J. R. R. y denunciaran cualquier irregularidad. Para este acusado la Fiscalía pide dos años de prisión por un delito continuado de coacciones.
El 5 de abril de 2007 el exregidor llamó de nuevo al propietario del restaurante, “y con la clara intención de doblegar la voluntad del mismo”, le dijo que tenía que retirar la valla que había situado en la parcela con la intención de que permitiera que dicho terreno fuera utilizado como parking del restaurante el Molino.
El acusado le manifestó que si lo hacía no iba a tener problemas con nada de lo que solicitara al ayuntamiento, pero que de lo contrario iba a denegarle todo lo pidiera, paralizarlo o no tramitarlo y que, además, “crearía una sociedad con el fin de demandarle hasta que se cansara o se arruinase así como que tendría a la policía allí continuamente para que no pudiera mover ni una piedra”.
Asimismo, la Fiscalía recuerda que entre los meses de enero a diciembre de 2007, las sociedades Golden Arquitectura de Inversiones y Golden Hipotecario interpusieron cuatro demandas civiles contra J. R. R. en las que en tres de ellas intervino como abogado J. I. F. R. “con el fin de desposeer al mismo de su finca y obligarle a realizar importantes desembolsos económicos”.
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