Apunta que la solicitud de licencia de actividad de la nave, de 2012, quedó “en un cajón”, pero está concedida “por silencio administrativo”
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 (EUROPA PRESS)
El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, ha admitido este viernes que el gobierno local tiene sobre la mesa la posibilidad de remitir directamente a Fiscalía el expediente sobre el caso del alquiler de una nave a Desproi, independientemente de que en la revisión de los servicios jurídicos se localicen irregularidades o no.
Así lo ha explicado durante una rueda de prensa en la que ha reiterado la “total y plena colaboración con la justicia” del ayuntamiento y ha calificado de “altamente probable” esta remisión que, ha adelantado, podría producirse la próxima semana.
“Estamos valorando la posibilidad de remitir nosotros mismos ese expediente a Fiscalía”, ha apuntado Bugallo que, inicialmente, había planteado que se enviaría en caso de detectar alguna irregularidad. “Tomaremos una decisión definitiva la semana que viene, pero es algo que no está en absoluto descartado”, ha profundizado.
El alcalde ha señalado que, en caso de que los servicios jurídicos detecten “un tema en el que se puedan ver responsabilidades penales”, se remitirá a Fiscalía “sin género de duda”, pero tampoco lo descartan en caso contrario, ya que “se está cuestionando públicamente la validez de los informes y poniendo en duda la honorabilidad del gobierno y del alcalde”. “Y no estamos dispuestos a permitir eso”, ha zanjado.
Entre otras cuestiones, Sánchez Bugallo ha hablado de que la nave en el punto de mira tiene licencia de obra y de ocupación, de 2012, pero nunca llegó a tramitarse la licencia de actividad, que se solicitó en el mismo año pero quedo “guardada en un cajón”.
Sánchez Bugallo ha apuntado que los técnicos municipales, “que recibieron orden de no tramitar esa licencia” entonces, le han trasladado que “está concedida por silencio administrativo”, algo que refuerza la Ley de Emprendimiento, de 2013, con la que se exime a las empresas de este paso y se da por concedida la licencia de actividad tras 15 días sin contestación municipal a una comunicación previa, ha apuntado el alcalde.
DOS “CIRCUNSTANCIAS DESCONOCIDAS” Y UN “ERROR”
Ante los medios, el alcalde ha vuelto a repasar los hechos que llevaron al alquiler de la nave de Desproi, una solución “atropellada y puntual” derivada de la “idoneidad y precio” de estas instalaciones y de la premura por abandonar la antigua estación de autobuses.
No obstante, ha apuntado, cuando se adopta este acuerdo “hay dos circunstancias que son desconocidas por los miembros de la Xunta de Goberno”: que uno de ellos, el exedil José Manuel Pichel, “figura como administrador de una sociedad que participa con el 36% en la propiedad”; y que “existe una deuda tributaria”. Son “dos temas relevantes”, ha apuntado Bugallo, aunque “desconocidos” por la Xunta de Goberno.
A mayores, el regidor ha reconocido que se produjo “otro error” en el contrato firmado, que hablaba de 12 meses prorrogables de alquiler, cuando el acuerdo de la Xunta de Goberno era por “cuatro meses con posibilidad de prórroga por mensualidades”.
En todo caso, esta última cuestión, ha dicho Sánchez Bugallo, “tendría un resultado absolutamente idéntico”: “en un caso tendríamos 4 meses con 13 meses de prórroga y en otro 12 meses prorrogados con posibilidad de rescindir con un mes de preaviso”, ha apuntado.
El gobierno local, ha destacado, ha estado indagando “por qué se produce esa diferencia” y ha destacado que el contrato a firmar lo remitió “la propia empresa” propietaria, sin que el error fuese advertido por el ayuntamiento.
CAMBIO DE UBICACIÓN
En todo caso, Bugallo ha señalado que ya se ha comunicado a la empresa la intención de “abandonar este espacio” con la fecha límite del 28 de febrero. Para reubicar los servicios allí instalados, el alcalde ha confirmado que habrá que “dividirlos”.
Así, las cuatro personas de Medio Ambiente serán trasladadas al departamento de Obras y los cinco de Parques y Jardines irán para Amio, compartiendo provisionalmente oficina con la actual gerencia del recinto. La parte más complicada, ha admitido, es la maquinaria, vestuarios y, sobre todo, taller de Parques y Jardines, así como las 8 personas que trabajan en este ámbito, para quienes se está “buscando un emplazamiento”.
Por el momento, el ayuntamiento ha pedido presupuesto a Mercagalicia para la instalación provisional en unos espacios libres del complejo y “estudiando diferentes alternativas”, aunque ha admitido que la solución será “desde el punto de vista operativo, peor que lo que hay ahora”.
La solución definitiva de estas brigadas pasa por la adecuación de las oficinas de Amio, que están libres desde el pasado mes de octubre. Próximamente, se dará luz verde a la revisión del proyecto de reforma inicial, por si la situación actual de los precios motivase un aumento de costes o de cambio de normativa. Con ello, el alcalde confía en sacar a licitación estas obras entre marzo y abril, con la consecuente búsqueda de “financiación adicional”. El plazo de ejecución será de unos cuatro meses.
Con ello, Sánchez Bugallo ha apuntado que “lo razonable” sería esperar que los servicios estuviesen instalados en su “ubicación definitiva” en torno a principios del próximo año.
CRÍTICAS DEL BNG
En otro orden de cosas, se ha referido a las críticas formuladas por la portavoz del BNG, Goretti Sanmartín, que acusó al gobierno local de “ocultar” información por no mencionar la deuda tributaria de la empresa en el pleno en el que ella formuló una interpelación que no incluía esta pregunta por escrito, aunque sí de viva voz.
En este sentido, Bugallo ha apuntado que el reglamento del pleno compostelano es “muy amplio y generoso” y permite un amplio número de intervenciones, pero que existen “mecanismos de control” que implican “deberes” para los ediles. “Los concejales de la oposición tienen una amplísima batería de mecanismos a su alcance para su labor de control al Gobierno”, ha destacado.
Entre las obligaciones, ha apuntado, está el hecho de que las interpelaciones cuenten con las preguntas a realizar por escrito, cuestiones que deben de ser respondidas “en siete minutos”. “No da para abrir nuevos temas”, ha señalado el alcalde, que ha añadido que “la concejala formuló ocho preguntas –en el pleno del 26– y las ocho le fueron contestadas. Podría haber presentado 9 o 10, podría haber solicitado esa información, pero no figuraba en las preguntas”, “las normas son así”, ha zanjado.
Por otra parte, ha hablado de la comparecencia solicitada por la oposición y que debe sustentarse en el próximo pleno, a finales de este mes. No obstante, ha señalado que la intención es comparecer en el “primer pleno que se celebre”, que podría ser uno extraordinario la próxima semana.
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