VALLADOLID, 1 (EUROPA PRESS)
La huelga que con carácter indefinido mantiene el colectivo de Letrados de la Administración de Justicia (LAG), antes secretarios judiciales, ha obligado este miércoles a suspender el juicio previsto contra una mujer acusada de tentativa de asesinato por acuchillar a su marido en abril de 2020 en el domicilio conyugal mientras dormía.
La suspensión se ha producido pocos minutos antes del inicio y la misma ha sido recibida por sorpresa por algunas de las partes personadas en la causa, entre ellas el propio fiscal, si bien la confirmación de que la vista no se celebraría se ha producido cuando un LAG, en servicios mínimos, se ha personado en el Palacio de Justicia para advertir de que no estaba dispuesto a firmar nada al no tratarse de una causa con preso ni un asunto de menores.
Pero además, el LAG, indignado con la última instrucción del secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia que limita las vacaciones y los días de asuntos propios del colectivo–conocidos como ‘moscosos’–solo para casos excepcionales en 2023, ha invitado a los letrados de la defensa y acusación particular y sus respectivos testigos a que, en caso de verser perjudicados con la suspensión, hagan las reclamaciones económicas oportunas a la Gerencia de Justicia o, por elevación, a “la propia ministra”.
Una vez suspendido el juicio, serán ahora el tribunal y las partes los que busquen nuevas fechas para la celebración del mismo en dos sesiones que, en principio y aún sin confirmar, podrían ser los días 12 y 13 de abril.
En su escrito de calificación provisional, la acusación particular, en representación de la víctima, el tordesillano R.S.H, solicita para la encausada, la búlgara N.B.V, una condena de trece años por delito de tentativa de asesinato, junto con una medida de alejamiento por espacio de 18 años y el pago de una indemnización de 31.000 euros. De forma subsidiaria, su letrada solicita nueve años por tentativa de homicidio, según informaron a Europa Press fuentes fuentes jurídicas.
Su petición de pena es sensiblemente superior a la del Ministerio Fiscal, que, con la misma calificación de los hechos, interesa diez años de privación de libertad, prohibición de la acusada de acercarse a la víctima o comunicar con ella durante doce años y el abono de 24.880 euros por las lesiones causadas y 6.0000 por las secuelas, además de otros 6.704 euros al Sacyl por los gastos de su asistencia sanitaria.
DEFENSA DE UNA AGRESIÓN DE SU MARIDO
La defensa, por su parte, interesa un fallo absolutorio al alegar que la acusada fue objeto de una agresión previa por parte de su entonces marido que la obligó a actuar en defensa propia al sentir que peligraba su vida.
Los hechos se produjeron durante la madrugada del día 26 de abril de 2020 cuando la víctima, R.S.H, se encontraba durmiendo en el dormitorio principal de la vivienda conyugal y por motivos que no constan, pero en todo caso sin que hubiera habido una discusión previa de pareja, su esposa, de 29 años, cogió un cuchillo de cocina de 17 por 2,4 centímetros de hoja y le apuñaló en el abdomen.
Tras notar el pinchazo, el acuchillado se giró y entonces, según las acusaciones, la acusada le asestó otra cuchillada por la espalda y seguidamente le hizo varios cortes en la cabeza.
Acto seguido, la agresora, que tenía una hija de siete años en común con el agredido que en el momento de los hechos dormía en el sofá del salón, abandonó el domicilio conyugal y se presentó en el Cuartel de la Guardia Civil de Tordesillas para confesar lo ocurrido.
La encausada permaneció tan solo dos días en prisión hasta que el 28 de abril de ese año quedó en libertad provisional tras abonar una fianza de 6.000 euros.
Como consecuencia del acuchillamiento, el exmarido sufrió lesiones muy graves de las que tardó en curar un total de 288 días, además de secuelas en forma de perjuicio estético por las cicatrices que las cuchilladas le dejaron y las complicaciones en la pared abdominal de las que aún tiene pendientes alguna reintervención quirúrgica.
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