MADRID, 01 (SERVIMEDIA)
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, reprochó este miércoles al Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz-Ayuso, su decisión de recurrir ante el Tribunal Constitucional el nuevo impuesto a las grandes fortunas, y le acusó “de defender solo a una minoría privilegiada a costa de empeorar los servicios públicos de la mayoría”.
Montero respondió así al paso dado por el Gobierno de Isabel Díaz-Ayuso y defendió que el gravamen es “plenamente constitucional”. La Comunidad de Madrid, por su parte, considera que el nuevo tributo estatal ya en vigor invade las competencias fiscales y financieras de las autonomías recogidas en la Constitución, además de haber sido aprobado a través de una enmienda en un proyecto de ley “que no tenía que ver con este tributo”.
En esta línea, el Ejecutivo regional denunció que el nuevo impuesto “suplanta las competencias autonómicas para la gestión de los tributos cedidos, como el Impuesto sobre el Patrimonio”, que en la Comunidad de Madrid está bonificado al 100% desde 2008.
Para Montero, sin embargo, esta política fiscal supone “un regalo de casi 1.000 millones de euros para menos del 0,1% de los contribuyentes”, que “podrían destinarse a mejorar la sanidad o la educación” del resto de madrileños.
“La Comunidad de Madrid continúa con su política de defender solo a una minoría privilegiada a costa de empeorar los servicios públicos de la mayoría. Mientras el Gobierno de España ha tomado medidas para aliviar la economía de la mayoría social del país, con la rebaja del IVA a los alimentos o la rebaja del IRPF para rentas medianas, los Ejecutivos del PP gobiernan y trabajan para una minoría”, declaró la ministra.
“La señora Ayuso y su Gobierno no quieren que quienes más tienen contribuyan más a financiar los servicios públicos o los recursos del Estado de los que luego nos beneficiamos todos, como los ERTE, el descuento de la factura de la luz o el transporte gratuito”, lo cual es posible gracias a “los impuestos que pagamos entre todos”. “El impuesto de solidaridad sobre grandes fortunas es plenamente constitucional y garantiza la seguridad jurídica de los contribuyentes al no suponer una doble imposición, ya que la cuota a pagar de este impuesto se podrá deducir la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio”, añadió.
En este contexto, Montero deploró que la Comunidad de Madrid “siempre” muestra “resistencias” a las políticas en favor de la mayoría social y, “en cambio, cuando se trata de defender a quienes más tienen, no duda”.
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