MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha inaugurado este martes una nueva cárcel con capacidad de hasta 40.000 reos, todo ello en medio de la guerra abierta contra las pandillas iniciada el 27 de marzo de 2022 en un esfuerzo por combatir una ola de homicidios.
Según ha detallado en un comunicado la Presidencia salvadoreña, en este nuevo centro penitenciario, denominado Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), pagarán sus penas “los terroristas que tanto luto habrían causado a la población del país”.
En este sentido, el Ejecutivo ha respondido a la acusación de la ONG Human Rights Watch (HRW) sobre que este penal incumple las normativas internacionales de Naciones Unidas sobre el tratamiento de reclusos asegurando que cuenta con todos los estándares y protocolos de seguridad necesarios.
“Este reclusorio cuenta con los estándares y protocolos de seguridad necesarios para garantizar el orden, control y disciplina en los internos con el objetivo de no permitir acciones ilícitas al interior ni la comunicación de pandilleros con las células terroristas que se mantienen prófugas de la justicia”, ha esgrimido el Ejecutivo salvadoreño.
En tanto, dentro y fuera de las instalaciones del CECOT, más de 600 soldados de las Fuerzas Armadas de El Salvador y 250 efectivos de la Policía Nacional de El Salvador apoyarán en todo momento en las tareas de seguridad para atender cualquier posible disturbio.
Las instalaciones se han edificado en una área aislada de las zonas urbanas, con un tamaño que la convertiría en la cárcel más grande de América, según el Gobierno, que ha detallado que la prisión cuenta con un sistema de suministro de energía eléctrica y agua potable independiente para no afectar a las zonas aledañas.
El Parlamento salvadoreño aprobó el 27 de marzo la entrada en vigor durante 30 días del régimen de excepción en todo el país para combatir la ola de homicidios, que un día antes dejó más de 60 muertos. De esta forma, crímenes ha ido en descenso llegando incluso a registrar decenas de días sin ningún homicidio.
No obstante, esta política –que ha sido prorrograda hasta en diez ocasiones– ha sido criticada por organizaciones defensoras de Derechos Humanos y organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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