MADRID, 31 (EUROPA PRESS)
A22 Sports Management, la empresa creada para promover la creación de la Superliga europea, ha acogido “con satisfacción” la decisión de la Audiencia Provincial Civil de Madrid de reactivar las medidas cautelares que impiden a FIFA y a UEFA establecer sanciones contra los miembros de dicha competición, y ha mostrado su intención de “seguir dialogando” en un entorno “libre de amenazas y otras medidas obstruccionistas”.
“Acogemos con satisfacción el hecho de que esta decisión judicial permita a A22 continuar libremente el proyecto de crear una nueva y emocionante competición europea de fútbol”, señaló el CEO de A22 Sports Management, Bernd Reichart.
Además, destaca que el auto confirma que “la posición de monopolio de la UEFA no puede utilizarse para presionar o amenazar a clubes, jugadores o empresas deseosas de innovar”. “Por lo tanto, vamos a seguir dialogando con las partes interesadas en el fútbol en un entorno nuevo y más apropiado, libre de amenazas y otras medidas obstruccionistas adoptadas por la UEFA y otros organismos”, apuntó.
Este martes, la Audiencia Provincial Civil de Madrid reactivó las medidas cautelares que impiden que tanto la FIFA como la UEFA puedan establecer sanciones contra la Superliga, después de revocar el auto del 20 de abril de 2022 del Juzgado de lo Mercantil no 17 de Madrid decretando el alzamiento de dichas medidas.
La Audiencia ha estimado el recurso de apelación interpuesto por la Superliga contra el auto del pasado mes de abril, cuando el Juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid dictaminó el fin de las medidas cautelares solicitadas por la Superliga tras estimar el recurso presentado por la UEFA, que tenía vía libre para sancionar si lo deseaba al Real Madrid, FC Barcelona y Juventus, los tres supervivientes del proyecto.
Según el auto conocido este martes, el proyecto de la Superliga “no resultaría incompatible con que los clubes interesados pudieran seguir tomando parte en las competiciones nacionales”, y resalta que la decisión de abandonar una competición “debería ser libre y no impuesta conforme a criterios de un gestor que podría incurrir en arbitrariedad desde la posición de conflicto de interés que se le suscita al monopolista que da signos de que aspira a mantener su privilegiado estatus”.
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