El PP llevará este hecho a Fiscalía “cuando se tengan más indicios y acceso al informe completo” y BNG pide “transparencia” a Bugallo
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 (EUROPA PRESS)
Desproi S.L, la empresa de la nave alquilada por el Ayuntamiento de Santiago por la que dimitió como concejal de Medio Rural el socialista José Manuel Pichel, tenía una deuda tributaria con la administración local a principios del 2022 de 172.743,42 euros.
Esto imposibilitaría su contratación, ya que, según la Ley de Contratos del Sector Público, quienes tengan deudas tributarias no podrán contratar con las administraciones públicas.
Según el expediente para la compensación de deudas que abrió el Ayuntamiento en junio del pasado año y tal y como adelantó ‘La Voz de Galicia’ este martes, a fecha del 8 de marzo, la cuantía identificaba la obligación principal de pago en 126.060 euros, mientras que los 46.683,34 euros restantes se correspondían con recargos, juros e intereses.
De este modo, el expediente abordaba la posibilidad de la compensación del pago municipal de tres facturas a favor de la empresa Desproi, por un total de 12.607 euros.
Esto es posible, según la Ley General Tributaria cuando una entidad es deudora y acreedora al mismo tiempo en un a Administración. Así, en cuanto a la compensación, deduce que la Administración local en vez de abonar el servicio contratado con esa empresa lo detrae de su deuda.
PP LLEVARÁ A LA FISCALÍA ESTE TEMA
El portavoz de los populares en el Ayuntamiento, José Antonio Constenla, ha insistido en que se trata de un contrato “a dedo” y que todas las pruebas “se llevarán a la Fiscalía cuando se tengan más indicios y acceso al informe completo”.
Asimismo, ha añadido que cuenta con más indicios “que no se pueden confirmar por ahora” y ha subrayado que estos hechos son “una herida abierta que necesita ser cerrada con explicaciones públicas”.
En esta línea, ha criticado que desde el gobierno de Bugallo “no facilitan los expedientes” y que parece que “para ellos prevalece más el interés socialista que el social”.
Constenla ha apuntando, después de que el alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, avanzase que el Ayuntamiento buscaba instalaciones de titularidad pública para trasladar los departamentos de Medio Rural y de Parques y Jardines, que “no se entiende que no buscasen las dependencias municipales para estos servicios hace un año”.
BNG PIDE TRANSPARENCIA
Por su parte, la portavoz del grupo municipal del BNG, Goretti Sanmartín, ha indicado que “todo apunta a que desde el gobierno local del PSOE no solo se alquiló a dedo una nave vinculada a un edil”, sino que la empresa “tenía deudas con el Ayuntamiento lo que, en condiciones normales, imposibilitaría ese contrato”.
En un comunicado, Sanmartín ha exigido al gobierno de Bugallo que aclare “de forma taxativa” si esas deudas eran anteriores o posteriores al contrato, ya que de ser posteriores serían un hecho de “extrema gravedad”.
De este modo, ha subrayado que lo primero que se debería hacer desde el Gobierno local “es acercar toda la documentación a la Fiscalía”, así como “dejar que se investigue todo lo ocurrido”. “Esta es la manera de transparentar lo acontecido para recuperar la credibilidad en la institución”, ha concluido.
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