MADRID, 30 (SERVIMEDIA)
La Fiscalía Anticorrupción solicita tres años y medio de cárcel y una multa de 378.700 euros para el exembajador en Venezuela Raúl Morodo por fraude fiscal. Además, pide ocho años y medio de prisión y multas millonarias para su hijo Alejo y su nuera, Ana Varandas, también por delitos contra la Hacienda Pública presuntamente cometidos entre 2013 y 2017.
El que fuera embajador entre los años 2004 y 2007, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se habría servido de sus contactos en Venezuela para crear sociedades pantalla con el fin de evadir impuestos. El Ministerio Público pide también que se le imponga una indemnización de 126.222 euros por lo defraudado en el IRPF de 2014.
La Fiscalía pide las mayores penas para Alejo Morodo y su esposa Ana Varandas. Para el primero solicita ocho años y medio de prisión y mula de 3,7 millones de euros con arresto sustitutorio si las penas privativas de libertad finalmente impuestas no excedieran de cinco años, y a su esposa le pide 3,8 millones de euros, también con arresto sustitutorio.
Además, el Ministerio Público quiere que el matrimonio pague indemnizaciones a la Hacienda pública de 932.000 y 435.970 euros, respectivamente. Igualmente, quiere que se decomise al hijo del exembajador una vivienda ubicada en Madrid las ganancias conseguidas de manera ilícita por un valor de 342.787 euros, que es la cantidad que dejó de pagar al fisco en 2011 y 2012.
Según la Fiscalía, Alejo Morodo centró su actividad profesional entre 2007 y 2015 en la “supuesta prestación de servicios de asesoramiento legal y consultoría internacional” valiéndose de las “relaciones entabladas por su padre con altos cargos de Venezuela durante los años 2004 a 2007 en los que ejerció el cargo de embajador de España”.
De ese modo con mantuvo “una supuesta relación contractual con la empresa pública venezolana Pdvsa (Petróleos de Venezuela) para la prestación de servicios de asesoría legal y consultoría internacional que se extendió hasta el año 2014”. Para el cobro de la remuneración creó tres sociedades instrumentales que facturaban “formalmente esos supuestos servicios”, evitando así tributar por el IRPF y pasando a pagar el Impuesto de Sociedades, que era mucho más bajo.
Según la investigación de la Fiscalía, Alejo Morodo habría incurrido en delito fiscal, al defraudar más de 120.000 euros en los ejercicios que van del 2011 al 2014, mientras que su padre lo habría hecho en 2014. Quedan excluidos los posibles delitos cometidos antes de 2013, porque estarían prescritos.
Por su parte, Varandas habría participado en los hechos relativos a 2013, y en 2017 habría comprado dos inmuebles situados en Madrid y en Lisboa a unas sociedades portuguesas, por un precio muy inferior al de mercado y que se pagaron con cargo a los fondos objeto de fraude.
El juez instructor del caso, Alejandro Abascal, dictó hace unos días el pase a procedimiento abreviado de esta causa proponiendo sentar en el banquillo al exembajador, a su hijo y a su nuera.
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