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Letrados de Justicia cifran el seguimiento del cuarto día de huelga en un 73% y el Ministerio habla de un 18,9%

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El comité de huelga asegura que se han suspendido “miles de actuaciones judiciales” a raíz del parón

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Las asociaciones de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) convocantes de la huelga indefinida que comenzó el pasado martes han señalado que el seguimiento en esta quinta jornada ha sido mayoritario, con alrededor del 73% de la plantilla, y avisa que se han suspendido “miles de actuaciones judiciales”. Estas cifras chocan de nuevo con los datos que ofrece el Ministerio de Justicia, que dice que han secundado el paro un 18,9%.

En un comunicado emitido este lunes, las tres asociaciones –la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ) y el Ilustre Colegio Nacional de Letrados– reprochan que la ministra Pilar Llop “siga” sin hacer “el más mínimo intento de solucionar el conflicto”.

Desde que empezó el parón el pasado martes, el comité de huelga ha cifrado la participación por encima del 73%, siendo este lunes la cifra más baja. El viernes computó un 75%, frente al 78% del jueves, el 80% del miércoles y el 81% del martes.

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En el Ministerio también han registrado el dato de participación más bajo este lunes: un 18,9%, por debajo del 20,13% del viernes, el 24,5% del jueves, el 26,98% del miércoles y el 28,23% del martes.

Este lunes, el comité de huelga ha avisado que se han suspendido “miles de actuaciones judiciales” a raíz de la huelga. El pasado jueves cifró en unos 30.000 los actos judiciales que habían tenido que suspenderse a causa del parón.

Además, según informó el jueves, unos 11 millones de expedientes judiciales habían quedado paralizados, “causando una demora de un mínimo de tres meses en cada uno de ellos”. Al hilo, aseguraron que en las cuentas de depósito y consignación se habían inmovilizado una cantidad cercana a los 110 millones de euros.

EL ORIGEN DEL CONFLICTO

El conflicto tiene su origen en “la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, descargadas a los jueces, e incrementadas en sucesivas reformas”, en especial la de 2015, lo que –denuncian– ha provocado un “insoportable desequilibrio”.

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Los convocantes señalan como “detonante” del conflicto el acuerdo que el Ministerio de Justicia firmó en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales “sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales prevista en el segundo párrafo de la Disposición Adicional 157 de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021”.

Las asociaciones acusan a Justicia de alargar y recrudecer el conflicto: “No solo no ha convocado al Comité de Huelga, (…) sino que lo incendia y enardece, faltando a la verdad en el Parlamento al afirmar (sin acreditarlo) haber cumplido 10 de las 11 reivindicaciones y quedando pendientes 2, lo cual ni siquiera aritméticamente se corresponde con la realidad”.

Ante de que empezara la huelga, Llop a los convocantes que huyeran de “posiciones maximalistas” porque impedían “buenos acuerdos”, asegurando que su Ministerio negocia permanentemente con las distintas asociaciones de LAJ.

Además, enfatizó que estos funcionarios son un componente importantísimo para el buen funcionamiento del trabajo de juzgados y tribunales, para pedirles que sean conscientes de que quien ejerce una función pública lo hace para los ciudadanos.

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LA POSTURA DEL MINISTERIO

Ese mismo día, desde el Ministerio remitieron una carta a los LAJ firmada por el secretario general de innovación y calidad del servicio público de Justicia, Manuel Olmedo, ante la “desinformación que aparentemente existe” sobre las actuaciones llevadas a cabo desde el departamento “en interés” del cuerpo.

Olmedo hizo un balance de los objetivos que propuso conseguir cuando asumió el cargo. Recordó que la primera medida, vinculada a la modificación de los reales decretos retributivos para hacer efectivo el acuerdo sindical adoptado en diciembre de 2021, se aprobó en abril de 2022 y representó un aumento con carácter retroactivo. “La plenitud de los efectos se reflejará en la nómina de este mes de enero, alcanzando un incremento de complementos de 206,87 euros”, precisó.


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