MÁLAGA, 30 (EUROPA PRESS)
El hombre acusado por el incendio de la Costa del Sol, ocurrido en agosto de 2012 y por el que fallecieron dos personas, ha negado que el día de los hechos realizara una poda y una hoguera que pudiera causar el incendio, asegurando que estuvo en la parcela donde se originó el fuego, pero realizando otras labores, ya que era el encargado de mantenimiento.
La Sección Novena de la Audiencia de Málaga ha comenzado este lunes el juicio sobre dicho incendio, que calcinó más de 8.500 hectáreas en varias localidades y que, además de los dos fallecidos, provocó que cuatro personas resultaran heridas. La vista oral, cuya celebración se extenderá hasta junio con unas 26 sesiones, continúa varios días de esta semana.
La Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga solicita siete años y medio de prisión para el acusado del incendio que causó daños en viviendas e instalaciones de 347 personas o entidades. Se le acusa de un delito de incendio forestal por imprudencia con peligro para la vida, en concurso con dos de homicidio por imprudencia y uno de lesiones.
Este lunes, en su declaración en el juicio, el procesado ha negado los hechos y ha explicado que ese 30 de agosto de 2012 estuvo trabajando en la parcela, limpiando la piscina y regando las plantas; pero ha dicho que no quemó poda alguna. Así, ha asegurado que el dueño de esa finca insistía en acumular la poda y depositarla en un punto limpio.
El acusado, que ha dicho que también trabajaba de operario en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande (Málaga) y es pariente del que era entonces alcalde de dicha localidad, ha reconocido que los restos de podas de días anteriores los dejó sobre la mancha de cenizas de lo que había sido una hoguera, y ha asegurado que no se enteró del incendio hasta más tarde cuando vio el humo desde su casa en el citado municipio.
Según el escrito inicial del fiscal de Medio Ambiente, el procesado desempeñaba labores de mantenimiento y cuidado de una vivienda ubicada en el paraje conocido como Barranco Blanco de Coín, cuando su dueño de origen belga estaba fuera; y sostiene que desde dicha parcela el fuego se extendió a los municipios de Mijas, Marbella, Ojén y Monda y también Alhaurín el Grande.
En esta sesión también ha comparecido un responsable del equipo del Seprona de la Guardia Civil que investigó el incendio, quien ha asegurado que al menos tres testigos señalan a la finca en la que trabajaba el acusado como punto de origen del fuego. Asimismo, ha mostrado sorpresa ante un informe encargado por el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande que contradecía las pesquisas oficiales.
La defensa del procesado, por su parte, ha cuestionado el punto de inicio del fuego, apuntando que es una zona transitada en verano, arbolada y con residuos sin limpiar; y además también duda de la hora en la que comenzó el fuego y de los testigos, así como del informe en el que se basa la acusación pública.
Según la Fiscalía, el día del incendio la temperatura ambiente era de 37,6 grados, con una humedad relativa del aire de 18,1% y un viento de nueve kilómetros por ahora, “que en la hora siguiente ofrecería rachas máximas de hasta 34 kilómetros por hora con direcciones cambiantes”, según las conclusiones provisionales.
La probabilidad de ignición era del 80% y por tanto había “un índice de peligro de incendios de alarma extrema –peligro extremo–“. El acusado fue a realizar sus obligaciones y antes de las 18.50 horas, con estas condiciones climatológicas, “de manera absolutamente irresponsable”, encendió una hoguera para quema de poda de vegetación de jardinería.
Según el escrito de esta acusación, el procesado llevó a cabo esta acción supuestamente “careciendo de autorización administrativa para ello, incumpliendo normativas”, como la de prevención de incendios forestales; además de “sin adoptar las mínimas medidas de precaución adecuadas”. Así, “atizó la hoguera durante la combustión y la abandonó sin apagarla”.
Presuntamente, restos incandescentes entraron en contacto con pastos secos lo que provocó su ignición, tras lo que se extendió por zonas colindantes en un primer frente. Asimismo, la Fiscalía explica que la orografía del terreno y el viento “se tradujo en una propagación cambiante del fuego”.
Además, la baja humedad relativa del aire, “propia del viento terral imperante”, hizo que se produjeran focos secundarios por la emisión de pavesas, con lo que “el incendio avanzó a saltos y con gran rapidez”, explica el fiscal, apuntando que, “impulsado por el viento del norte, el incendio llegó a unos municipios de la costa y luego a otras localidades, al cambiar de dirección.
Se produjeron desalojos de viviendas por el fuego en dos zonas de Mijas, cuatro de Marbella y la localidad de Ojén al completo. El incendio se dio por controlado dos días después, el 2 de septiembre, y por extinguido el 4; afectando a 510 hectáreas de Coín, 163 de Alhaurín el Grande, 2.379 hectáreas en Mijas, 1.900 en Marbella y 3.394 hectáreas en Ojén. En total, 8.582 hectáreas, la mayoría de suelo forestal.
Según la acusación pública, la normativa recoge que se requiere una autorización para la quema de matorral, pastos y residuos procedentes de tratamientos selvícolas u otros trabajos, así como para la quema de rastrojos o residuos en labores agrícolas que se realicen en zona de influencia forestal. Pero otro apartado prohíbe estas acciones en época de riesgo medio-alto.
En esta causa, además, está como responsable civil subsidiario el dueño de la finca donde, supuestamente, se originó el incendio. En cuanto a la indemnización, el fiscal insta a que se indemnice a los herederos de los fallecidos, a los lesionados, a los particulares afectados por el incendio, que causó daños en viviendas e instalaciones de 347 personas o entidades.
Estima en 12,2 millones de euros los daños tangibles en montes públicos gestionados por la Junta, en 86.856 euros el impacto producido sobre las aguas subterráneas, en 14 millones de euros los daños y gastos al Ayuntamiento de Ojén; 4,2 millones de euros al de Mijas, 57.000 euros al de Marbella, 4.878 euros al de Alhaurín el Grande y casi 10.000 euros al Consistorio de Coín.
En lo que respecta a gastos de extinción, para la Consejería de Medio Ambiente se contabilizan 814.000 euros, además de 521.991 euros correspondiente a la Agencia de Medio Ambiente de Andalucía; mientras que 112.765 euros se corresponden con el Consorcio Provincial de Bomberos.
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