MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
La Campaña Global por la Paz y la Justicia en Camerún ha pedido al Gobierno del país africano que acepte la oferta de mediación realizada la semana pasada por las autoridades canadienses con vistas a un posible acuerdo con los separatistas anglófonos que ponga fin a un conflicto que ha dejado más de 6.000 muertos desde 2017.
La situación actual del proceso es confusa, porque el Gobierno canadiense se presentó como mediador el pasado viernes pero días después las autoridades de Camerún rechazaron toda implicación de Ottawa en las negociaciones con los separatistas.
En este escenario, la ONG hace un llamamiento al Gobierno de Camerún “para que renueve su compromiso con el proceso de Canadá” dado que “los asesinatos, la anarquía, la destrucción y la impunidad que prevalecen en las zonas de conflicto solo han generado más violencia e inseguridad”.
“En este sentido, la solidaridad del gobierno de Camerún con el proceso de Canadá es vital”, ha añadido el grupo en un comunicado publicado en su página web.
La ministra de Exteriores canadiense, Mélanie Joly, no se ha pronunciado exactamente sobre la negativa del Gobierno camerunés pero ha asegurado que las partes enfrentadas ya han realizado tres reuniones en Ontario y Quebec. “El Gobierno de Camerún se acercó a nosotros y también invitamos a un representante de la ONU presente durante la mediación”, aseguró la ministra el martes.
Las regiones anglófonas de Camerún –Noroeste y Suroeste– se han visto sacudidas por el conflicto a raíz de la represión de los movimientos separatistas tras la autoproclamación de la independencia de Ambazonia el 1 de octubre de 2017.
El año anterior, esta zona –otrora parte de las colonias británicas en África pero que decidieron unirse al Camerún francés– fue escenario de protestas pacíficas para reclamar una mayor autonomía o la independencia argumentando una discriminación por parte de las autoridades centrales, también en temas de idioma.
Desde entonces, los grupos armados han proliferado y el apoyo a los separatistas, hasta entonces bastante marginal, se ha visto acrecentado. El Gobierno ha respondido mediante una dura represión, durante la que las organizaciones de Derechos Humanos han acusado a las fuerzas de seguridad de cometer atrocidades.
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