MADRID, 25 (SERVIMEDIA)
La Junta Europa de Riesgo Sistémico (JERS) ha advertido de que el sector inmobiliario comercial es en estos momentos “vulnerable” a “riesgos cíclicos relacionados con el aumento de la inflación”, el endurecimiento de las condiciones financieras –“que limita el margen para refinanciar la deuda existente y la toma de nuevos préstamos”–, y el “acusado deterioro” de las perspectivas de crecimiento tras la invasión rusa de Ucrania.
Así se recoge en un informe divulgado este miércoles por el Banco de España, en el que la JERS evalúa los peligros que afronta el sector inmobiliario comercial en el Espacio Económico Europeo (EEE) y en el que recomienda a la Unión Europea y las autoridades nacionales mejorar el seguimiento de los riesgos sistémicos con origen en el sector inmobiliario comercial.
Además de las “vulnerabilidades” enumeradas en primera instancia, la Junta apunta que existen otras asociadas a cambios estructurales relacionadas con el cambio climático, “como unas normas de construcción más estrictas” y el cambio hacia el comercio electrónico.
Asimismo, subraya que la pandemia de coronavirus ha acelerado la demanda de flexibilidad en los espacios de oficinas arrendables a medida que los modelos de trabajo a distancia e híbrido se han extendido.
Todas estas vulnerabilidades “pueden verse amplificadas por efectos de contagio entre países y por las interconexiones entre instituciones financieras”. En este contexto, el informe indica que “una evolución adversa del sector inmobiliario comercial puede tener un impacto sistémico en el sistema financiero y en la economía real”, ya que las entidades de crédito, como los bancos comerciales, “están particularmente expuestas a este sector a través del riesgo de crédito de los préstamos”.
“Los datos disponibles sugieren que la financiación bancaria de este sector presenta elevadas ratios préstamo/valor en varios países del EEE. Esta ratio aumenta si el valor de las garantías de los préstamos disminuye, lo que daría lugar a un incremento de las ratios de pérdidas en caso de impago de las entidades de crédito y, potencialmente, a mayores exigencias de provisiones y requerimientos de capital. En última instancia, ello podría limitar la capacidad de las entidades para mantener la oferta de crédito”, relata el texto.
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