El ex ministro de Justicia y la ex alto cargo de Moncloa optaron por apartarse de algunos asuntos
MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado en su Pleno de este martes las abstenciones de los magistrados Juan Carlos Campo y Laura Díez para determinados asuntos –‘solo sí es sí’, reforma laboral y el 25% del castellano en las aulas catalanas–, al tiempo que ha designado ponente para que lleve a un próximo Pleno su propuesta sobre las recusaciones de Vox contra el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, Campo, Díez y María Luisa Segoviano.
El Pleno ha ratificado la decisión de Campo y Díez de apartarse voluntariamente de algunos asuntos que figuraban en el orden del día de este primer cónclave jurisdiccional del nuevo TC.
Díez, ex alto cargo de Moncloa, optó por abstenerse porque el Pleno tiene en sus manos un recurso de Omnium Cultural contra la decisión del TC de rechazar su personación en la cuestión de inconstitucionalidad formulada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que el Constitucional revise la ley aprobada por el Govern que elimina la obligatoriedad de impartir el 25% de las clases en castellano.
No obstante, las fuentes indican que, una vez ratificada su abstención en el Pleno respecto a la impugnación de Omnium Cultural –ponencia del magistrado Ricardo Enríquez–, ésta se extenderá a la ponencia sobre los recursos de Partido Popular y Ciudadanos contra la ley catalana, que recayó sobre Díaz al heredar toda la cartera de asuntos del ya ex magistrado del TC Antonio Narváez.
La razón de la abstención de Díez es que firmó varios dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, en calidad de vicepresidenta, a favor de no imponer dicho porcentaje del castellano en las aulas de la comunidad autónoma.
En cuanto a Campo, optó por no participar en las deliberaciones sobre la admisión o no a trámite del recurso de Vox contra la ‘ley del solo sí es sí’ –ponencia de Ramón Sáez– porque cuando el Gobierno la elaboró aún era ministro de Justicia.
También se apartó de la discusión sobre una serie de requerimientos de información –ponencia también de Ramón Sáez– relacionados con los recursos lanzados por el diputado ‘popular’ Alberto Casero, el PP y Vox contra la votación de la reforma laboral porque se dirigen contra la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, actual pareja de Campo.
Los recurrentes combaten la decisión de Batet de no permitir que Casero votara presencialmente después de que emitiera un ‘sí’ telemáticamente, voto que fue clave para que la reforma laboral quedara aprobada el 3 de febrero de 2022, y que los letrados del Congreso de los Diputados concluyeron que se debió a un error humano, no a un fallo del sistema de votación a distancia.
Cabe recordar que, tras salir del Ministerio de Justicia y ocupar su plaza de magistrado en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Campo también tuvo que abstenerse de participar en decisiones relacionadas con causas vinculadas a partidos políticos, como las piezas del ‘caso Villarejo’ conocidas como ‘Dina’ y ‘Kitchen’.
VOX PIDE APARTAR A CUATRO MAGISTRADOS
Por otro lado, el Pleno ha acordado designar a Ricardo Enríquez como ponente de las recusaciones lanzadas por Vox. Así, se encargará de recabar primero la opinión de los afectados, que podrían optar por apartarse voluntariamente. En caso contrario, el asunto se llevará a un nuevo Pleno donde se decidirá bien la admisión a trámite, bien la inadmisión de plano, de acuerdo con las fuentes consultadas.
Desde el TC, algunas voces ven la necesidad de que el tribunal proteja su jurisdicción frente a las recusaciones formuladas por los de Santiago Abascal. Así, explican que al cuestionar a 4 de los 11 magistrados que forman la corte de garantías se imposibilitaría que el Pleno en el que en su día se aborde el recurso contra la reforma penal se forme con el mínimo de 8 magistrados que exige la ley.
Estas mismas voces añaden que, las recusaciones contra magistrados del Constitucional deben estar especialmente fundamentadas, ya que este tribunal no cuenta con mecanismos para sustituir a sus miembros.
Vox apuntó a Campo por su relación sentimental con Batet y sus anteriores cargos como ministro de Justicia y diputado socialista, al considerar que podría “tener interés directo o indirecto” por ser una ley “que sus ex compañeros del grupo parlamentario han aprobado”.
En relación a Díez, el partido la señaló por haber “participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito, debido a su condición de alto cargo en el Ministerio de Presidencia y ser personal de confianza del ministro Félix Bolaños”.
Sobre Segoviano, mencionó sus declaraciones “mientras era magistrada emérita del Tribunal Supremo”. En concreto, cuando ésta se refirió a la autodeterminación en los siguientes términos: “Ese es un tema muy complejo, sumamente complejo. Es un tema con muchas aristas que hay que estudiar”.
Por último, de Conde-Pumpido destacó su “especial vinculación con el partido de Gobierno” y por “haber sido defensor o representante de alguna de las partes o intervenir en un pleito como fiscal”.
Además, según ha informado el propio TC, se ha designado a la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, como ponente para la resolución del incidente de recusación presentado por los Ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo contra Enríquez en el recurso de amparo sobre el complejo ‘Isla de Valdecañas’.
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