MADRID, 23 (SERVIMEDIA)
Alrededor de 56.000 personas han firmado una petición en la plataforma ‘Change.org’ por la que se reclama la aprobación de la ley de bebés robados, un texto que lleva encallado en el Congreso de los Diputados desde su toma en consideración en junio de 2020.
La iniciativa la impulsó Pilar Navarro, una mujer de 73 años que denunció en la exposición de motivos que hace 50 años le robaron a su bebé. “Mi historia es la de miles, pero quiero contártela para que entiendas lo importante que es que se desbloque y apruebe” la referida norma, lo cual “nos ayudaría a conseguir la justicia que llevamos exigiendo toda nuestra vida”, subrayó.
Pilar Navarro tenía 23 años cuando se quedó embarazada, y el hecho de pertenecer a una familia opositora al régimen franquista fue lo que, a su juicio, la colocó en “el punto de mira”. En ese sentido, recordó que “estaba muy ilusionada con el nacimiento de mi primera hija. Cuando di a luz pude ver al bebé unos instantes; rompió a llorar y ahí sentí que todo había salido bien”; sin embargo, “se la llevaron y me dijeron que había muerto por problemas respiratorios y ahí comenzó mi duelo”. “¿Cómo era posible que en cuestión de segundos empeorara tanto cuando yo vi cómo lloraba y sabía que el parto había salido bien?”, se preguntó.
Cuando comenzaron a publicarse casos análogos al suyo en prensa, la mujer se dio cuenta de que podía ser también una víctima y comenzó a investigar; pero “sólo me encontré con muros”, como lo atestigua que “en el hospital me negaron el expediente de mi hija, mis denuncias no prosperaban y se me negó el amparo del Constitucional”.
“Si ya es duro que te roben a tu bebé, imagínate que después te nieguen cualquier apoyo para investigar el caso y llega hasta la verdad”, arguyó.
Ante esta situación, dejó claro que “lo único que pedimos es conocer la verdad, saber dónde están nuestros hijos y si están bien. Y también que esos niños, hoy adultos, puedan conocer su identidad”.
La organización ‘Todos los niños robados son también mis niños’ explicó que esta ley obligará al Estado a hacerse cargo de la “búsqueda activa” de los bebés robados, de investigar los hechos y de enjuiciar a los culpables de su desaparición, y garantizará los derechos de las víctimas de esos robos.
Varias familias afectadas se reunieron el pasado 17 de enero con la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Lilith Verstrynge, quien se comprometió a aprobar la ley en esta legislatura. “Ahora queda esperar que dicho compromiso sea acogido por el resto de ministerios y grupos políticos”, expresaron.
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