MADRID/TOLEDO, 23 (EUROPA PRESS)
El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) ha convocado una concentración este martes frente al Palacio de la Moncloa, mientras se reúne el Consejo de Ministros, en el que previsiblemente se aprobará el Real Decreto que revisa la planificación de 12 cuencas hidrológicas para el periodo 2023-2027.
Los regantes consideran que “ya solo el Consejo de Ministros puede salvar al Levante del recorte del trasvase” y destacan que el dictamen emitido el pasado jueves por el Consejo de Estado incide en la falta de coordinación entre los planes de cuenca del Tajo y del Segura y cuestiona la metodología de cálculo de los caudales hidrológicos.
En un comunicado Scrats “teme” que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico “interprete el dictamen del Consejo de Estado como un aval para seguir adelante con los planes previstos”.
Por ello, se concentrarán desde las 10.00 hasta las 16.30, mientras se celebra el Consejo de Ministros en el aparcamiento de la Avenida de Puerta de Hierro, junto al Palacio de la Moncloa.
Los regantes del trasvase llevan meses denunciando que la disminución de los aportes a las provincias de Alicante, Murcia y Almería será de 105 hm3, lo que supondría 78 hm3 menos para regadío que la media actual y 27 hm3 menos para abastecimiento.
Con esa reducción de volúmenes de agua disponible, el sindicado calcula que supondría la pérdida de 27.314 hectáreas de superficie regable en todo el levante español, la desaparición de más de 15.000 empleos, y reducciones de valor patrimonial estimadas en 5.692 millones de euros.
“Luchar para defender un bien necesario es un movimiento natural, unirnos en defensa de aquello que nos corresponde es un derecho y defender la economía que sostiene a regiones fundamentales para el PIB nacional es un deber que tenemos que seguir ejerciendo, con el fin de obtener una respuesta coherente con la realidad que estamos viviendo”, defienden en un comunicado.
Así, confían en que los regantes aún no han perdido la batalla por lo que consideran que deben seguir luchando para que su voz llegue a los despachos. “El Consejo de Ministros tiene la última palabra, y su responsabilidad afecta a millones de españoles cuyo futuro se desvanece y depende de aportaciones cuya reducción carece de justificación técnica y jurídica”, apostilla la organización.
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