MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
Naciones Unidas ha condenado el ataque ejecutado la semana pasada contra trabajadores humanitarios en el estado sursudanés de Pibor, que se saldó con un herido y el saqueo de la sede de una organización no gubernamental que opera en la zona, en medio de un repunte de los incidentes de este tipo durante los últimos años en el país africano.
El coordinador humanitario de la ONU para Sudán del Sur, Peter van der Auweraert, ha señalado que “estos ataques mientras trabajadores humanitarios dan servicios críticos a las personas más vulnerables son absolutamente incomprensibles”. “La comunidad humanitaria está unida en su llamamiento para un fin inmediato de estos repetidos actos de violencia contra civiles y trabajadores humanitarios”, ha dicho.
El suceso tuvo lugar días después del asesinato de tres trabajadores humanitarios en el Área Administrativa de Abyei y en el estado de Jonglei, lo que ha llevado a Van der Auweraert a destacar que “los ataques violentos contra trabajadores humanitarios dañan la entrega de apoyo vital muy necesario a millones de personas afectadas por el recrudecimiento del conflicto y el ahondamiento de la situación humanitaria”.
“Las víctimas directas de estos ataques son los trabajadores humanitarios, de forma casi invariable ciudadanos de Sudán del Sur. Las víctimas indirectas son los más vulnerables en las comunidades donde sirven los trabajadores humanitarios. Ven cómo los servicios de los que dependen para sobrevivir se ven interrumpidos o suspendidos, como ha pasado en ocasiones en el pasado”, ha explicado.
Así, ha subrayado que “sólo si hay un ambiente seguro y adecuado para todos los civiles, con acceso sin restricciones para los actores humanitarios, la asistencia humanitaria podrá llevar a las personas más vulnerables”. Sudán del Sur es uno de los países más peligrosos para los trabajadores humanitarios, con nueve asesinados en 450 incidentes en 2022 y tres asesinatos en lo que va de 2023.
“Proteger a los trabajadores humanitarios y a los civiles es deber de las autoridades. La comunidad humanitaria está unida en su llamamiento a las autoridades para que hagan todo lo posible para detener los ataques contra trabajadores humanitarios y civiles”, ha destacado Van der Auweraert en su comunicado, en el que ha reconocido que “eso por sí solo no es suficiente”.
“Pido a las autoridades que lleven rápidamente ante la justicia ante los responsables. Poner fin a la impunidad y garantizar la rendición de cuentas por crímenes bajo la ley sursudanesa y, cuando sea aplicable, bajo el Derecho Humanitario, es crucial para proteger a los trabajadores humanitarios y los civiles y, en último término, lograr una paz a largo plazo en Sudán del Sur”, ha apostillado.
Sudán del Sur cuenta con un Gobierno de unidad que echó a andar tras la materialización del acuerdo de paz de 2018. Pese al descenso de la violencia por el conflicto político, el país ha registrado un aumento de los enfrentamientos intercomunitarios, motivados principalmente por el robo de ganado y las disputas entre pastores y agricultores en las zonas más fértiles del país, especialmente a causa del aumento de la desertificación y el desplazamiento de poblaciones.
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