VALÈNCIA, 21 (EUROPA PRESS)
El expresidente de la Diputación y del PP de la provincia de Valencia Alfonso Rus se sentará el lunes por primera vez en el banquillo de los acusados desde que estallara el caso Imelsa en el año 2016, cuando se practicaron las primeras detenciones. Y lo hará por las piezas B y F del procedimiento, conocidas como las de los ‘zombies’.
El juicio contra Rus y otras 25 personas más, entre ellas, el exsubdelegado del Gobierno en Valencia y exdiputado Rafael Rubio (PSPV) y el ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla y el exdiputado del PP Salvador Enguix, arrancará este lunes, a las 9.30 horas, en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia y se extenderá, según el calendario inicial, hasta el 15 de marzo. En total se han dispuesto 26 sesiones.
Se trata del segundo juicio de la macrocausa de Imelsa, puesto que en mayo se juzgó la primera de ellas, la relativa a Thematica, con el exgerente de la empresa pública Imelsa, Marcos Benavent, el autodenominado ‘yonki del dinero’, como principal acusado. Se está a la espera de la sentencia.
En las piezas que se van a juzgar ahora, la B y la F, se ha investigado contrataciones presuntamente irregulares en las empresas públicas Imelsa y Ciegsa, Rus se enfrenta a una pena de 12 años de prisión y Rubio –también investigado en el conocido como caso Azud– a oros seis, según se desprende de la calificación provisional del ministerio fiscal.
Fiscalía atribuye a Rus los delitos de pertenencia a organización criminal, un delito continuado de malversación de caudales públicos, de prevaricación administrativa y de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público. Así mismo, a Rubio le acusa de un delito continuado de malversación de caudales públicos, de falsedad en documento oficial y un delito continuado de prevaricación administrativa.
Para el ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla y el exjefe de gabiente de Rus, Emilio Llopis, reclama la misma pena que para el expresidente de la Diputación por idénticos delitos, además de multa e inhabilitación.
A Marcos Benavent, el ministerio público le aplica la circunstancia atenuante de arrepentimiento y solicita para él nueve años y medio de prisión; mientras que la entonces directora de Recursos Humanos y el director financiero de Imelsa, María Gracia Escrihuela y José Enrique Montblanc, se enfrentan a otros seis años de cárcel.
PRESUNTA ORGANIZACIÓN DELICTIVA
En el escrito de calificación provisional del fiscal se describe cómo funcionaba la presunta organización delictiva y advierte de que Rus, una vez alcanzado el objetivo de ser presidente de la Diputación, comenzó a organizar Imelsa “para sus propios fines y los de sus compinches, tanto de partido, como personales”.
Así, nombró a Benavent como gerente de la empresa pública, que había sido concejal de Xàtiva durante su mandato –fue alcalde de la localidad–. Ambos han sido investigados por haber realizado operaciones de recaudación de dinero al margen de cauces legales amañando adjudicaciones de contratos públicos.
Rus también “colocó” a su “amigo” Llopis como su jefe de gabinete quien, en unión de Caturla, conformaron un acuerdo de voluntades para conseguir sus propósitos delictivos al margen de cualquier principio de gestión pública que debía presidir su actuación, “configurándose Rus como el jefe y cabecilla de la organización, dado que estas personas ya venían actuando como un grupo organizado con la finalidad de servirse de los puestos públicos que ostentaban y repartirse los beneficios obtenidos, siendo Rus el que otorgaba beneplácito de sus actuaciones en los distintos organismos públicos en los que habían intervenido”.
Como consecuencia de esta organización y “con clara finalidad de clientelismo político y personal”, utilizaron Imelsa para repartir favores, “utilizaron los fondos públicos de la misma en contrataciones de personas que no respondían a un verdadero ejercicio de funciones dentro de la sociedad, distribuyendo el dinero público de forma gratuita con el perjuicio que ello supone para las arcas públicas”.
Para conseguir esta finalidad, agrega el fiscal, cooperaron también Escrihuela y Monblanch, los cuales, “sabedores de esta situación de abuso e instrumentalización de una empresa pública”, ayudaron “eficazmente” a la consecución de los propósitos delictivos de la organización criminal creada, “obteniendo un beneficio económico ilícito a cargo de los fondos públicos”.
Las personas contratadas bajo las órdenes de los acusados sabían que no iban a realizar ningún trabajo en Imelsa y que su contratación respondía a diferentes intereses personales, profesionales o de partido de Rus, Benavent y Llopis.
En Ciegsa ocurría algo similar. Según el fiscal, en esta segunda empresa pública había un “absoluto descontrol” y un “acuerdo de voluntades para obtener dinero y prestar favores políticos de cualquier tipo”. Se valían también de Benavent, persona vinculada a Rus, quien lo colocó de intermediario recaudador para hacer efectivos su ideación criminal de servirse de la empresa pública donde se encontraba Caturla.
Así, siguiendo las órdenes de Rus, con el “completo conocimiento y aceptación” de Llopis, Caturla contrató durante su época de consejero delegado en Ciegsa al menos a cuatro personas “sabedor de que no iban a desempeñar ninguna función dentro de la empresa y produciendo un desvío de fondos públicos en beneficio personal de los acusados”.
Estas personas, concluye el ministerio público, al igual que las contratadas en Imelsa, no realizaron ningún trabajo en la empresa pública, “todos ellos, afiliados o simpatizantes del PP o conectados personalmente con Caturla o con alguno de los otros miembros de la organización”.
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