Dice que las irregularidades “van más allá de la responsabilidad” del edil y que la intervención consideró el contrato “nulo de pleno derecho”
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 (EUROPA PRESS)
Aunque “inevitable”, la dimisión del edil de Medio Rural del Ayuntamiento de Santiago tras participar en la contratación de un alquiler a una nave vinculada con él no ha dejado satisfechos a los grupos de la oposición, que han reclamado que se depuren “más responsabilidades” y han señalado al alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, como “cómplice de esa contratación irregular”.
Así, para la portavoz municipal de Compostela Aberta, María Rozas, la dimisión de José Manuel Pichel “no resuelve muchas dudas” en relación a la contratación de este alquiler, ya que “las irregularidades van más allá de la responsabilidad individual” del concejal.
Concretamente, apunta la formación que destapó el caso, el gobierno local “estaba advertido por la intervención municipal de que este contrato era nulo de pleno derecho”, ya que solo había sido aprobado por cuatro meses, y que debía realizarse “vía concurrencia pública”. Paralelamente, Rozas ha incidido en que se realizó una visita a la nave alquilada “cinco días antes de que se redactase el informe técnico sobre las necesidades” que tenían las concejalías de Medio Rural y Parques y Jardines, que luego se instalaron allí.
BUGALLO, “RESPONSABLE”
En la misma línea, la portavoz municipal del BNG, Goretti Sanmartín, ha asegurado que el gobierno local “incurrió en una irregularidad” al hacer “un contrato a dedo” que, según consta en la documentación, se limitaba a cuatro meses de forma provisional, pero que ya se ha extendido 16.
Por ello, estima que el propio alcalde “es responsable directo por ser conocedor de esta situación” y “cómplice” de esta contratación y le reclama que “cese de inmediato la actividad contratada” a la empresa Desproi.
Más concretamente, el BNG llevará una iniciativa al pleno para instar al gobierno a sacar a concurso público el alquiler del espacio para estas brigadas “de manera inminente” y preguntará el momento concreto en el que el concejal dimitido dejó de ser administrador único de Gaia, empresa que, a su vez, contaba con acciones de Desproi S.L.
Hace menos de un mes, el pasado 30 de diciembre, recuerda el BNG en un comunicado, una xunta de goberno extraordinaria del Ayuntamiento de Santiago autorizó disponer y reconocer la obligación y liquidación de casi 50.000 euros a la empresa Desproi por 10 facturas correspondientes a este alquiler.
“LA PUNTA DEL ICEBERG”
Por su parte, el portavoz del grupo popular municipal, José Antonio Constenla, ha dicho que esta situación “no es más que la punta del iceberg” y ha asegurado que la polémica “no puede quedar solo” con la dimisión del edil, si no que deben “depurarse más responsabilidades”.
Constenla mantendrá la petición en el próximo pleno de que el gobierno dé explicaciones por la contratación de este alquiler –cuya inversión cifran en 90.000 euros– a una empresa “vinculada al Partido Socialista y a UGT Galicia”.
Los populares quieren saber cual fue el motivo “por el que no se incluyó en la documentación del acuerdo para este contrato el informe jurídico que justificase los motivos que sustentan esa adjudicación directa” y por qué no se abrió un procedimiento de concurrencia públic.
Del mismo modo, cuestionan el motivo por el cual, “a día de hoy”, aún “no se han licitado ni adjudicado las obras para el acondicionamiento de las oficinas del recinto de Amio” al que deben ir las brigadas de Parques y Jardines y Medio rural.
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