El conflicto se remonta a 2013, cuando gobernaba José Ramón Bauzá
PALMA, 17 (EUROPA PRESS)
El Tribunal Supremo (TS) ha admitido el recurso de casación presentado por la Abogacía de Baleares contra el auto de ejecución de la sentencia que obliga la Comunidad a indemnizar con más de 63 millones de euros a los promotores de la urbanización de Muleta II, en Sóller.
Concretamente, el mes de marzo de 2022 la Abogacía interpuso un recurso de casación contra el auto de la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) estimando la ejecución de la sentencia que daba validez al acuerdo transaccional suscrito entre Govern y la empresa Birdie Son Vida SL.
Según han informado en nota de prensa este martes desde Presidencia, el origen del conflicto judicial se remonta a 2013, cuando el Ejecutivo autonómico, en ese momento presidido por José Ramón Bauzá, acordó con la empresa la recalificación de Muleta II como suelo urbano a cambio de retirar un litigio judicial iniciado por la mercantil contra la desclasificación del Gobierno anterior.
De acuerdo al auto del TS, se tiene que valorar si necesariamente la indemnización por la no construcción de la urbanización se tiene que realizar por el procedimiento de responsabilidad patrimonial del estado legislador o se puede sustanciar de forma alternativa a través del incidente de ejecución previsto en la Ley reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, tomando en consideración las diferencias que pudiera haber, si procede, entre el procedimiento de responsabilidad patrimonial del estado legislador y la reparación de los daños derivados de la imposibilidad legal de ejecución.
El Govern ha considerado que no tiene que pagar la indemnización, en los términos establecidos en el auto objeto del recurso, “por lo que defenderá los intereses de la ciudadanía y luchará contra el urbanismo a la carta en las Islas, agotando todas las vías legalmente establecidas”, han incidido.
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