CEUTA, 17 (EUROPA PRESS)
Los ciudadanos procedentes de Yemen, país en guerra desde hace casi ocho años, ya conforman el tercer grupo nacional mayoritario en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta, solamente por detrás de los súbditos de la República de Guinea y Sudán. El equipamiento gestionado por el Ministerio de Inclusión ha comenzado 2023 con 350 acogidos tras la reciente salida hacia Andalucía y Madrid de 58 albergados de origen subsahariano.
Los últimos extranjeros a los que se ha permitido cruzar el estrecho para pasar a ser atendidos por organizaciones no gubernamentales en ambas regiones son ciudadanos de la República de Guinea, Sudán, Camerún y Costa de Marfil.
En el CETI de Ceuta, con un 70% de sus 520 plazas ocupadas, continúan alrededor de 250 acogidos de origen subsahariano, más de la mitad guineanos y cerca de un centenar sudaneses. El resto proceden de otros países del sur del continente africano como Costa de Marfil o Eritrea, según los datos recopilados por Europa Press.
Los yemeníes, con más de 50 albergados, se han convertido en el tercer grupo nacional mayoritario en la infraestructura, que también acoge a veinte personas procedentes de Siria, a una quincena de argelinos, media docena de tunecinos y un afgano, pero ningún ciudadano de Marruecos.
Según el último balance del Ministerio del Interior, en todo 2022 accedieron irregularmente a Ceuta 1.228 personas por vía marítima (124) o terrestre (1.114), algo por encima de los datos de 2021 (1.158).
El CETI de la ciudad autónoma comenzó 2020, justo antes de la declaración de la pandemia de la enfermedad del coronavirus, con un número muy superior de acogidos, concretamente 693, y 2019 con 1.229.
La salida hacia la península de los inmigrantes irregulares que llegan a Ceuta y solicitan protección internacional en España es mucho más ágil desde que, en verano de 2020, el Tribunal Supremo ratificó su derecho a libre circulación por todo el territorio nacional una vez que sus peticiones son admitidas a trámite expresamente o por silencio administrativo.
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