MADRID, 17 (SERVIMEDIA)
El Gobierno enviará este martes un nuevo requerimiento a la Junta de Castilla y León para que paralice todas las acciones sobre un posible cambio en el protocolo para las mujeres que quieran interrumpir voluntariamente el embarazo, al que tiene un plazo de un mes para contestar antes de que el Ejecutivo acuda ante el Tribunal Constitucional.
Así lo avanzó el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, antes de presentar al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, en el Fórum Europa, el acto informativo organizado por Nueva Economía Fórum.
Bolaños comentó que el Consejo de Ministros aprobará hoy un acuerdo por el que se requiere de incompetencia al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León en relación con cualesquiera actuaciones que vulneren o menoscaben la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, o el Real Decreto 825/2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial de la anterior.
Este requerimiento de incompetencia a la Junta de Castilla y León se refiere a cualesquiera actuaciones -incluidas aquellas constitutivas de vía de hecho-, que vulneren o menoscaben los derechos regulados en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, y el RD 1825/2010, de 25 de marzo, que lo desarrolla.
Bolaños hizo este anuncio a raíz de “todas las noticias que estamos conociendo en Castilla y León con ese protocolo que pretende aprobar el Gobierno de Castilla y León contra los derechos de las mujeres y contra sus libertades”.
“Saben que desde el Gobierno estamos trabajando todas las opciones posibles” y “no vamos a permitir ni un solo retroceso en los derechos y libertades de las mujeres en ningún territorio de España”, subrayó el ministro de la Presidencia. “No lo vamos a permitir”, garantizó.
En ello insertó que se esté trabajando en distintas líneas de actuación y que hoy mismo el Consejo de Ministros vaya a aprobar este nuevo requerimiento al Ejecutivo de Castilla y León “para que cese inmediatamente en cualquier retroceso de derechos de las mujeres”.
Concretó que es “un requerimiento de incompetencia porque están extralimitando las competencias que tiene el Gobierno de Castilla y León y es un requerimiento también para que cesen en la vulneración de derechos y libertades de las mujeres”.
Por eso, “en el caso de que no den una cumplida respuesta y satisfactoria a este nuevo requerimiento”, se iniciarán acciones ante el Constitucional “en defensa de los derechos de las mujeres”.
Dicho esto, indicó que es, “lamentablemente, hasta normal y habitual que la ultraderecha pretenda que las mujeres retrocedan 50 años”, pero “es menos normal” que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, “enmudezca ante esta circunstancia”.
“Desde luego, el Gobierno estará ahí para defender los derechos de las mujeres”. Tras enviar un primer requerimiento a la Junta de Castilla y León el pasado domingo, Bolaños indicó que “son dos vías distintas” porque la primera es “la vía jurisdiccional ante los tribunales de lo contencioso-administrativo” y la que se inicia hoy es ante el Constitucional. Aseguró que “todas las medidas legales” que tenga que adoptar el Ejecutivo central las adoptará “en defensa de las mujeres”. En cualquier caso, confirmó que todavía no se ha recibido respuesta del anterior requerimiento.
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