MADRID, 16 (SERVIMEDIA)
El fiscal del Tribunal Constitucional (TC) Pedro Crespo ha solicitado la revocación de la decisión de suspender la tramitación parlamentaria de la reforma sobre las reglas de renovación del propio tribunal el pasado mes de diciembre, con el argumento de que esa medida abre la puerta a que el tribunal de garantías se pueda convertir en un “órgano de fiscalización” de la actividad legislativa.
En el escrito de alegaciones al que tuvo acceso Servimedia, el fiscal pide “la revocación de la medida cautelar acordada en el presente procedimiento por el auto de 19 de diciembre, así como la anulación de lo acordado en dicho auto con respecto de la recusación de los magistrados Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez”.
La petición de la Fiscalía defiende que de adoptarse la revocación no había ninguna repercusión “tangible” sobre el progreso de este asunto, ya que la renovación del TC ya ha culminado sin necesidad de que el Gobierno impulsara la reforma sobre la que se impidió la votación en el Senado.
El fiscal insiste en que “salvo error, en el ordenamiento jurídico español no existe ninguna norma que habilite de forma expresa al Constitucional a suspender el trámite parlamentario de una iniciativa legislativa”, por lo que “si no existe una previsión normativa que permita al tribunal interferir en el proceso parlamentario es porque no debe ocurrir”.
En ese sentido, Crespo recuerda en su escrito que el Constitucional negó el amparo solicitado por el PP en 2006 para frenar la tramitación parlamentaria del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, y aduce que la decisión del pasado diciembre supone un auténtico cambio en la doctrina del TC, que no ha sido justificado.
Concluye que es “sustancialmente perturbador” para la separación de poderes que el Constitucional pueda suspender la tramitación de un procedimiento legislativo y califica este cambio de “decisión histórica” que permitiría “alterar, condicionar o cercenar” el contenido de una iniciativa legislativa.
Entiende el fiscal que “toda decisión jurisdiccional sin precedentes constituye por definición un precedente”, que en este caso “abre directamente una vía a que el TC se convierta en un órgano de fiscalización ‘a priori’ del objeto de las iniciativas legislativas en el umbral de su tramitación, como mínimo en cuanto concierne a sus aspectos formales, y sin excluir siquiera algún grado de control sobre su contenido material”.
El documento del Ministerio Público se presentó el pasado 11 de enero. Previamente, el pasado 19 de diciembre, el Pleno del TC, que en ese momento tenía mayoría conservadora, acordó la medida cautelarísima solicitada por el PP para que se suspendiera la tramitación legislativa de dos enmiendas a través de las cuales el Gobierno pretendía desbloquear la renovación del TC.
Durante ese Pleno, el PSOE y Unidas Podemos plantearon la recusación del presidente del tribunal y del magistrado conservador Antonio Narváez, pero su petición fue rechazada y la cautelarísima salió adelante por seis votos a cinco.
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