MADRID/MURCIA, 16 (EUROPA PRESS)
La Región de Murcia registró 492 casos por mala praxis sanitaria en 2022, de los que 36 fueron resultado de muerte, según recoge la Memoria del Defensor del Paciente correspondiente al pasado año.
Así, las denuncias descendieron casi el 10% con respecto a 2021, cuando se contabilizaron 545, con lo que la Región es una de las comunidades en las que más cayeron.
Según apunta el informe, se trata de una de las cifras más bajas en cuanto a denuncias, muy similar a la de 2011, cuando el organismo recibió 507, con lo que el número de casos se sitúa por debajo de la media –23 menos de lo habitual en la última década–.
El hospital con más denuncias de la Región es el Virgen de la Arrixaca, en Murcia, seguido del Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena, el Morales Meseguer (Murcia), Los Arcos del Mar Menor (San Javier) y Rafael Méndez (Lorca).
Por su parte, el número de murcianos que forman parte de la lista de espera quirúrgica asciende a 27.635, con un período de 91 días de media. Para el defensor del Paciente, estos datos, tanto la cantidad como la media, “vuelven a estar por las nubes” con 5.748 pacientes y nueve jornadas más, respectivamente.
Las reclamaciones, especialidades y servicios más denunciados en la Región son cirugía general; Urgencias; listas de espera; traumatología y ginecología y obstetricia.
Las especialidades con mayor lista de espera son, por este orden, cirugía plástica, cirugía general y digestiva y cirugía maxilofacial. En todas la espera media es de unos cuatro meses, mientras que cirugía torácica es la rama que menor retraso acumula, con 20 días de media.
Para el Defensor del Paciente, “el Gobierno regional se ha dormido en los laureles, ya que en el último año se ha incrementado el número de pacientes para ser operados o para ser vistos por un especialista”.
Otro de los temas de cabecera es, según el organismo, “el clima inhóspito que padece la Atención Primaria con un colapso fuera de lo común, como ha quedado de manifiesto a través de protestas y manifestaciones del personal reivindicando el déficit que sufre la Región para poder prestar una cobertura con total garantías”.
Para hacer frente a esta situación, el Gobierno regional anunció que el presupuesto destinado a sanidad alcanzará en 2023 los 2.352 millones de euros, de los que 22 se destinarán a rebajar los tiempos de espera y 537 a la Atención Primaria, con la creación de 312 nuevas plazas.
“No cabe duda de que el modelo sanitario murciano lleva estancado desde hace un lustro, por lo que requiere un plan de choque concreto, que lleve implícito el compromiso de unas condiciones laborales estables, entre las que se pueda ofertar contratos de larga duración para los que realicen el MIR en la Región de Murcia”, ha señalado el Defensor del Paciente.
En este sentido, ha abogado por el impulso de una política encaminada a la retención de los profesionales sanitarios al entender que el éxodo a otras regiones “está sustentando la sanidad privada sin un control adecuado”.
En cuanto a las infraestructuras, ha apostado por impulsar nuevas inversiones y reformas en centros como el hospital Rafael Méndez, en Lorca; el Morales Meseguer, en Murcia; el de Cieza o el comarcal del Noroeste, “ya que algunos, a estas alturas, todavía carecen de equipos de diagnóstico o tratamiento”.
DATOS NACIONALES
En el conjunto del país, el Defensor del Paciente recibió 37 reclamaciones diarias por mala praxis médica en 2022, según se desprende de la memoria publicada por la organización, que muestra que el año pasado tuvieron conocimiento de 13.611 casos de negligencias médico-sanitarias (455 más que en 2021), de los cuales 699 fueron resultado de muerte (71 más que en 2021).
De los fallecimientos por mala praxis los casos más habituales fueron debido a errores de diagnóstico, pérdida de oportunidad terapéutica, así como por intervenciones mal realizadas, altas precipitadas, atención deficiente, infecciones hospitalarias o retrasos en ambulancias.
“La pandemia nos ha enseñado que necesitamos más y mejores recursos, pero esto no puede ser la justificación de la crisis sanitaria que sufren muchas comunidades (Madrid, Cantabria, Cataluña, etc.).
La resaca del Covid-19 nos deja un sistema sanitario en pie de guerra por la falta de personal y el exceso de trabajo de muchos profesionales, especialmente de Atención Primaria, que ha provocado la convocatoria de varias huelgas”, ha denunciado el Defensor del Paciente.
A su juicio, la sanidad pública ha entrado en “terreno pantanoso”, puesto que el gasto per cápita es inferior a muchos países de la UE, por lo que ha solicitado un aumento de la financiación del gasto sanitario de hasta el 7,2 por ciento del PIB.
“En España se invierte en la sanidad pública 2.027 euros por persona, mientras que la media de la UE es de 2.746 euros por persona. Por ejemplo, en Alemania se destinan 3.990 euros por persona. Nos estamos jugando el futuro, por lo que es el momento de que el Gobierno cree un pacto estatal por la sanidad pública”, ha apostillado.
Asimismo, se ha referido a las grabaciones de las intervenciones quirúrgicas. “Podemos entender que establecer por ley la grabación de todas las intervenciones quirúrgicas sea quizá excesivo e innecesario, pero sí de todas aquellas en las que lo solicite el paciente, o tengan una complejidad previsible que lo aconseje, incluso con fines médicos ante una posible segunda cirugía necesaria, un postoperatorio complicado, etc”, ha argumentado la organización, para pedir que se lleven a cabo las medidas oportunas para hacer efectivo el derecho de todos los pacientes a que sea grabada su intervención quirúrgica.
Por otro lado, el Defensor del Paciente ha mostrado su preocupación por el “auge” de la teleasistencia, puesto que, a su entender, conlleva “mucha dificultad” en el diagnóstico y “pone en peligro” la salud de los pacientes.
“Parece que los responsables políticos están orquestando un modelo sanitario ‘low cost’, tratando de maximizar rendimiento con el mínimo gasto posible”, ha criticado, al tiempo que ha avisado de que atender a los pacientes a través de una pantalla es una “falta de respeto y una ilegalidad”.
La organización ha denunciado también la gestión llevada a cabo en determinados servicios de Urgencia, informando de los hospitales que más reclamaciones han tenido: el Complejo Hospitalario Universitario Insular (Las Palmas de Gran Canaria), el Hospital Universitario La Paz (Madrid), el Hospital General Universitari de Valencia, el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña – CHUAC, el Hospital Universitario de Toledo, el Complejo Hospitalario Regional Virgen del Rocío (Sevilla), el Hospital Universitari Son Espases (Palma de Mallorca), el Hospital Universitario Miguel Servet (Zaragoza), el Hospital Universitari Vall d’Hebron (Barcelona), y el Hospital Universitari de Bellvitge (Barcelona).
Finalmente, y con respecto a las listas de espera, el Defensor del Paciente ha comentado en su ‘Memoria 2022’ que una de las soluciones para paliarlo es adecuar el número de camas, quirófanos y medios diagnósticos a la demanda, y “renunciar” a los planes de choque y a las derivaciones a la privada porque, tal y como ha asegurado, a la larga ha quedado demostrado que “no son suficientes ni funcionan”.
Y es que, mientras los catalanes y los aragoneses aguardan 151 días de media, para cirugía, los vascos esperan 64, es decir, cuatro meses menos.
Entre comunidades existen diferencias, siendo Cataluña es la región con más pacientes esperando una intervención quirúrgica, 165.552, por delante de Andalucía, con 136.613, mientras que Navarra es la que menos, con 6.641. “Indiscutiblemente, la falta de coordinación entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades es el detonante de divergencia tan voluminosa”.
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