VALLADOLID, 14 (EUROPA PRESS)
Izquierda Unida califica de “obsceno y retrógrado” el anuncio del Gobierno del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo de que “obligará” a los sanitarios a ofrecer una ecografía en 4D a las mujeres que quieran abortar y le acusan de “imponer” a las mujeres un “tutelaje propio del régimen franquista”.
“El gobierno de PP y VOX debería centrarse en hacer su trabajo y ofrecer servicios de calidad en vez de malgastar recursos con el fin de coaccionar a las mujeres que, por diversas razones, libre y conscientemente solicitan abortar”, señala a través de un comunicado remitido a Europa Press.
Además, afean al vicepresidente de la Junta, “de Vox”, en referencia a Juan García-Gallardo, por asegura que en la comunidad serán “protegidos” los médicos que se nieguen a realizar interrupciones del embarazo, en una comunidad autónoma que “no garantiza el derecho al aborto, dado que la mayoría de las mujeres tienen que abortar en clínicas privadas fuera de su territorio por la falta de medios y de equipos”.
“Desde IU denunciamos que hace tan sólo unos días, en Ciudad Rodrigo hubo una movilización por falta de pediatras, en nuestra provincia no ha sucedido esa manifestación, pero la carencia de pediatras es muy, muy evidente y que, si de verdad la Junta estuviera interesada en la protección de la infancia, debería aumentar el número de profesionales de pediatría y de servicios, sobre todo en el entorno rural”, añaden.
El coordinador de IU en Castilla y León, Juan Gascón, ha tachado de “moralista” la propuesta de Vox y PP, que trata de “imponer” a las mujeres un “tutelaje propio del régimen franquista”. “El retroceso en derechos con este Gobierno autonómico es evidente, y por ello, pedimos a todas las fuerzas demócratas, unidad para luchar contra la pérdida de derechos que supone y unidad para evitar que este gobierno complete sus objetivos”, añade.
Izquierda Unida “duda” de la legalidad de la propuesta y pide una “rectificación inmediata” de la medida, que parte, “de un profundo desconocimiento de la Sanidad Pública y de sus procesos, puesto que las mujeres que tienen dudas al respecto de una decisión tan importante, son derivadas a las Trabajadoras sociales. La medida es puramente coercitiva y vulnera los derechos de las mujeres”
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