La Fiscalía pide hasta 22 años de cárcel para los cinco encausados, que revendían contenidos de plataformas como Netflix, Disney o Amazon
MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado la apertura de juicio oral contra cinco miembros de una organización criminal, investigados por presuntamente enriquecerse –lograron beneficios de 15 millones de euros– con la venta ilegal de contenidos audiovisuales de plataformas de pago, tanto retransmisiones de partidos de fútbol como películas y series.
En el auto del titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, al que ha tenido acceso Europa Press, se indica que los cinco –todos de origen iraní– deberán aportar en el plazo de diez días unas fianzas cuya suma supera los 413 millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias. En caso de que no depositen esas cantidades (alrededor de 80 millones cada uno) o señalen bienes suficientes para cubrirlas, “se procederá al embargo” de los mismos.
En el mismo auto, Calama señala que, además de los cinco –Amir Zalaghi, Amir Behmadia Moghaddam, Parjam Amani, Dori Khalaf y Mohammad Vahid Hajikkhani–, también sienta en el banquillo a cuatro mercantiles como responsables civiles subsidiarias: Seeb Procurements 1973 SL, Creative Capital Partners SL, Persian Safron SL y Eizax Investments SLU.
Asimismo, señala que no procede abrir juicio oral, como pedían determinadas acusaciones, contra las empresas titulares de las pasarelas de pago Stripe Payments Europe (SPEL) y Paypal Europa. Entiende que no concurren los supuestos legales previstos para apreciar una responsabilidad civil subsidiaria habida cuenta de que no se ha investigado como autor de los hechos a ningún empleado o persona que dirija o administre esas empresas.
Además, el magistrado archiva la causa para otros cinco investigados al entender que en los escritos de acusación que pedían sentarles en el banquillo de los acusados no se detalla un relato de hechos que permita seguir el procedimiento contra ellos.
OPERACIÓN ATRIA-SOHAN
En el escrito de acusación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que trascendió esta misma semana, se indicaba que a los cinco se les imputa un delito de participación activa en organización criminal; un delito continuado contra el mercado y los consumidores; un delito continuado contra la propiedad intelectual; y un delito de blanqueo de dinero.
En las conclusiones provisionales del fiscal, se indica que el origen de la investigación de esta ‘operación atria-sohan’ se encuentra en la denuncia que interpuso una empresa por las pesquisas encargadas por la Bundesliga por un supuesto delito contra la propiedad intelectual cometido a través del dominio denominado RAPIDIPTV. “A través de él, y con un evidente ánimo de obtener un beneficio económico, se estaba ofreciendo el acceso a diversos canales de televisión internacionales sin autorización de sus titulares”, recordaba el Ministerio Público.
Según recogía el magistrado en su auto de pase a procedimiento abreviado, se calcula que existían unas mil páginas web por todo el mundo dependientes del servicio original, que ofrecían acceso a algo más de 4.000 canales internacionales de televisión, series y plataformas en su conjunto.
El Ministerio Público considera que Zalaghi era el líder de esta organización que tenía carácter internacional y cuyo objeto era la distribución ilegal de esos contenidos audiovisuales mediante el sistema IPTV (televisión por protocolo de internet) y el uso de enlaces M3U, ofertados a través de una serie de dominios.
De hecho, la Fiscalía indica que esa trama se componía de dos ramas principalmente, una financiera que era la encargada de crear sociedades, transferir e invertir los beneficios, y enmascarar el origen ilícito de los mismos; y otra técnica dedicada a la creación y mantenimiento de toda la red de servidores y páginas web proveedoras de IPTV.
EL MODUS OPERANDI: UNA ESTRUCTURA DE SERVIDORES
El ‘modus operandi’ utilizado por la referida organización criminal consistía en captar de diversos modos la señal de numerosas plataformas y canales de televisión para posteriormente ser comunicada por una red privada a su propia estructura de servidores, situada en al menos trece países de Europa y Norteamérica, desde donde era posteriormente redistribuida a sus suscriptores.
Los contenidos eran ofertados, según recordaba el auto, a través de un atractivo entorno web a unos precios mucho más competitivos que los existentes en el mercado lícito, ofreciendo el acceso a una amplísima gama de canales, películas, series o documentales, con garantía en la calidad de los contenidos y unos productos de asistencia técnica de calidad con su propia página web de soporte al cliente.
La organización, además, ofertaba a los denominados reseller o revendedores la posibilidad de crear su propia marca y servicio ilegal a modo de “franquicia” o filial, aprovechando la infraestructura técnica de la organización, integrada por la red de servidores, contenidos audiovisuales, soporte técnico, además de una aplicación informática que permitía gestionar todos los servicios.
A través de los distintos canales de televisión IPTV que se ofrecían por medio de la lista M3U se visionaban un total de 10.072 canales de televisión. Estos canales se encontraban divididos en dos grupos: el primero de ellos contenía canales de retransmisión en directo, mientras que el segundo grupo se correspondía con la emisión de contenidos bajo demanda de series y películas.
JUGOSOS BENEFICIOS
Con esta ilícita actividad, señalaba el auto, generaron unos beneficios de al menos 15 millones de euros, todo ello al margen de los ingresos que de manera autónoma pudieran haber obtenido cada uno de los reseller.
Para blanquear estas cantidades la organización contaba asimismo con un sofisticado entramado consistente en remitir el dinero obtenido a pasarelas de pagos, exchange de criptomonedas, la creación de empresas pantalla; y la generación de facturas falsas que encubriesen su inexistente actividad empresarial.
A través de esta estructura se trataba de justificar el continuo movimiento de dinero que fluía entre las numerosas cuentas creadas con identidades ficticias o de terceros, y así ser finalmente reintroducido en el circuito legal mediante la compra de bienes muebles e inmuebles.
UNA INFRAESTRUCTURA “EXTREMADAMENTE COMPLEJA”
Entre las operaciones concretas de blanqueo destacan, señala el escrito, la construcción de un edificio de viviendas en Irán, la adquisición de un inmueble en Barcelona valorado en 1,6 millones de euros y la compra de dos vehículos de alta gama con un valor de mercado de 400.000 euros.
Según recordaba el juez, los encausados tenían un reparto y distribución de tareas específico para cometer un delito contra la propiedad intelectual de forma prolongada e indeterminada en el tiempo, así como un delito de blanqueo de capitales para que los beneficios así conseguidos puedan introducirse en el ciclo económico.
Los miembros de esta organización poseían además un elevado grado de especialización técnica, contando cada uno de sus miembros con especiales conocimientos tecnológicos y financieros, habiendo creado una infraestructura tecnológica extremadamente compleja y de carácter internacional.
Entre las mercantiles que ejercen de acusación particular está la Liga Nacional de Fútbol Profesional, Warner Bros Entertainment, Universal City Studios, Universal City Studios Productions, Columbia Pictures Industries, Sony Pictures Television , Paramount Pictures Corporation, New Line Productions, Netflix, Amazon Content Services y Disney Enterprises.
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