MADRID, 12 (SERVIMEDIA)
El Ministerio de Igualdad calificó este jueves de “coacción” la nueva medida antiaborto del Gobierno de Castilla y León que obligará a los médicos a ofrecer a las mujeres que quieran abortar escuchar el latido fetal y ver una ecografía 4D antes de que se les practique la interrupción voluntaria del embarazo.
Fuentes del Ministerio de Igualdad manifestaron que están “profundamente preocupadas” por esta medida propuesta desde el Gobierno de Castilla y León, impulsada por el vicepresidente de la misma, Juan García-Gallardo, de Vox, medida que aseguran ven como “un retroceso” en un “derecho esencial para las mujeres, el derecho al aborto, que es un hito en la lucha feminista de nuestro país”.
Las mismas fuentes denunciaron que “las medidas propuestas por el señor Gallardo podrían constituir una vulneración del derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, ya que coartan su capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos, poniendo en riesgo su salud y devolviéndolas a situaciones de inseguridad sanitaria y de dificultades de acceso a una atención eficaz”.
“Las propuestas planteadas por Vox pueden, en la práctica, suponer coacciones a las mujeres a la hora de poder decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo, y también a los sanitarios y sanitarias en el ejercicio de sus funciones, y además podrían implicar una desigualdad entre territorios que obligaría a las castellano leonesas a tener que trasladarse muchos kilómetros lejos de sus residencias para ejercer un derecho”, denunciaron.
Además, añadieron que la medida “es una reacción machista al avance normativo que significa en España la aprobación en el Congreso el pasado mes de diciembre de la Ley de Salud sexual y reproductiva, una ley que devuelve la capacidad de decidir de forma autónoma a las mujeres de 16 y 17 años, elimina los tres días de reflexión que antes eran obligatorios, y blinda la sanidad pública como referencia para la interrupción voluntaria del embarazo en igualdad de condiciones en todo el territorio español. Es una norma que además garantiza la educación sexual y la salud menstrual como derecho y que recoge las demandas sociales y de profesionales para garantizar esta conquista”.
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