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El exjefe de gabinete de Oltra se acoge a su derecho a no declarar mientras siga secreta una pieza

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VALÈNCIA, 12 (EUROPA PRESS)

Miquel Real, exjefe de gabinete de la exvicepresidenta de la Generalitat y exconsellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez que investiga el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor por parte de un educador, exmarido de Oltra, mientras siga secreta una pieza del procedimiento.

Real ha acudido este jueves al Juzgado de Instrucción número 15 de València donde estaba citado a declarar, a las 17 horas, en calidad de imputado, en esta causa, pero, tal y como avanzó en un escrito judicial, se ha acogido a su derecho a no declarar hasta que no se le traslade la pieza secreta que investiga los correos electrónicos entre dos cargos de Conselleria, según ha podido saber Europa Press.

Miquel Real, en su escrito, aludía a que la pieza secreta del procedimiento podía afectar a su derecho de defensa, por lo que avanzaba su intención de no declarar hasta el momento en que se le diera traslado de dicha pieza y con tiempo suficiente para instruirse de la misma.

El juez, tras estudiar el escrito, decidió mantener la citación y advirtió de que se señalaría otro día cuando se alzara el secreto parcial de la causa con el objetivo de que prestara declaración.

El pasado 27 de octubre el Juzgado de Instrucción número 15 de València abrió una pieza separada secreta tras la petición de la acusación popular ejercida por Gobierna-TE, que había pedido la aportación a la causa de los correos electrónicos del servidor de la Generalitat de dos altos cargos en Igualdad en el momento de los hechos.

La acusación popular había pedido la práctica de diligencias para identificar a los miembros del Gabinete de Vicepresidencia en los momentos de la investigación –que afecta a Oltra y otros 14 altos cargos y técnicos en el departamento que dirigía–, así como en cuanto a la participación de sus miembros en los hechos, por medio de la aportación a la causa de las comunicaciones de correos electrónicos del servidor público de la Generalitat en relación con el director general de Infraestructuras y Servicios Sociales, Enrique Alcocer, y el entonces secretario autonómico de Igualdad, Alberto Ibáñez.


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