Quiere saber si con la reforma penal el Ministerio Público solicita el archivo para alguno de los encausados en Púnica
MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha dado traslado a la Fiscalía para que revise las penas que solicita para encausados en hasta cuatro piezas de Púnica y para la causa conocida como el ‘Cartel del Fuego’ después de que este jueves haya entrado en vigor la reforma del Código Penal que afecta al delito de malversación.
Por medio de cuatro providencias y un auto, a los que ha tenido acceso Europa Press, pregunta a Fiscalía si a la vista de la reforma del delito de malversación, el Ministerio Público solicita “el sobreseimiento para alguno de los investigados” en Púnica.
El magistrado también se ha dirigido al fiscal y a las acusaciones personadas en el caso conocido como ‘Cártel del Fuego’ para que se pronuncien sobre si mantienen su calificación en dicho procedimiento por las modificaciones introducidas en la Ley Orgánica 14/2022 de 22 de diciembre.
Así, el magistrado, que da cinco días para pronunciarse a la Fiscalía en las piezas de Púnica, señala que si bien ya se ha dictado en los cinco procedimientos la apertura de juicio oral, “concurren circunstancias excepcionales que llevan a considerar la posibilidad de revisar la calificación” del Ministerio Público y de las acusaciones.
Así, explica que el pasado 23 de diciembre de 2002 se publicó en el BOE la Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso.
Esta nueva norma, continúa, contempla la reforma del artículo 432 del Código Penal, modificando además de su contenido los límites penológicos. “Dada la posibilidad de que la nueva regulación pudiera afectar al delito de malversación del que se acusa a los encartados, se acuerda dar traslado de las actuaciones al Ministerio fiscal para que informe si, a la vista de las reformas introducidas por la LO 14/2022, de 22 de diciembre, mantiene la calificación”, indica el auto.
Las resoluciones se han dictado en las piezas 4, 5, 8 y 10 de Púnica y en el caso conocido como “cártel del fuego”, la investigación por el amaño de contratos para la extinción de incendios.
LAS CUATRO PIEZAS DE PÚNICA
En la pieza 4 de ‘Púnica’ se ha investigado un supuesto plan preconcebido por el ex alcalde de Valdemoro y ex secretario general del PP en Madrid Francisco Granados, el ex concejal de urbanismo José Miguel Moreno y los empresarios David Marjaliza y Ramiro Cid para manipular el planteamiento urbanístico del municipio concertando la venta o la cesión del suelo público a cambio de comisiones, en detrimento de las arcas públicas de aquel Ayuntamiento.
Según recordaron las fiscales a lo largo de la investigación, “los hechos investigados se vinieron sucediendo con habitualidad y continuidad desde el año 1999”, cuando se estrenó el Plan General de Ordenación Urbana de Valdemoro (PGOUV), nada más llegar Granados al Consistorio, para revisarlo “fraudulentamente”.
En la pieza número 5, se investigaron los contratos menores de los ayuntamientos de Valdemoro, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle. Y en la pieza 8 se investigaban hechos relativos a la etapa de Granados como consejero de la Comunidad de Madrid.
La última de las piezas que el juez interesa a Fiscalía que revise es la 10, relativa a la investigación de adjudicaciones en Denia, Valencia, Madrid, Majadahonda, Valdemoro, Comunidad de Madrid a empresas vinculadas al ‘conseguidor’ de la trama Púnica Alejandro de Pedro y al exalcalde de Cartagena (Murcia) José Antonio Alonso Conesa.
EL CÁRTEL DEL FUEGO
Por otro lado, en la causa conocida como el ‘Cártel del Fuego’ García-Castellón propuso juzgar a un total de 32 personas, entre ellas el ex conseller de la Generalitat valenciana y ex delegado del Gobierno Serafín Castellano, como presuntos integrantes de una organización criminal que se habría concertado para alterar la adjudicación de contratos para la extinción de incendios.
En el auto de pase a procedimiento abreviado, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 señalaba que los hechos podrían constituir delitos de cohecho; organización criminal; alteración de precios en concursos o contratación pública; falsedad documental; malversación de caudales públicos; prevaricación; asociación ilícita, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos; y tráfico de influencias y exacciones ilegales.
El procedimiento judicial se dirige contra empresarios de la navegación aérea, autoridades y funcionarios respecto a los cuales “ha quedado suficientemente acreditado” que, “con ánimo de lucro y mediante múltiples ardides y mecanismos, se han venido concertando para alterar los términos de la normal concurrencia en los procesos de contratación y adjudicación pública”, corrompiendo para ello mediante “compensaciones económicas” a “múltiples funcionarios y autoridades”.
ACUAMED Y KITCHEN
La petición de García-Castellón llega después de que se conociera esta misma semana que el magistrado Joaquín Gadea solicitaba a la Fiscalía Anticorrupción que revisara su petición de transformar al procedimiento de sumario la investigación llevada a cabo en el caso ‘Acuamed’ al advertir que la reforma del delito de malversación podría provocar una rebaja de penas.
En su auto, de pasado 29 de diciembre, al que tuvo acceso Europa Press, el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6 solicitaba a la fiscal encargada del caso, Inmaculada Violán, que indicara si, “a las vista de las reformas introducidas por la LO 14/2022 de 22 de diciembre, mantiene la solicitud de transformación a sumario”.
En este sentido, ya en diciembre fuentes fiscales avanzaron a Europa Press que la Fiscalía Anticorrupción previsiblemente tendrán que adaptar su escrito de acusación sobre la ‘Operación Kitchen’, relativa al presunto espionaje orquestado desde el Ministerio de Interior de Jorge Fernández Díaz contra el ex tesorero del PP Luis Bárcenas para robarle información sensible, a la reforma del delito de malversación diseñada por PSOE y ERC.
La acusación de Anticorrupción en esta pieza separada número 7 del ‘caso Villarejo’ está prácticamente hecha, a la espera de que el Juzgado Central de Instrucción Número 6 dé acceso al material completo de la investigación llevada a cabo durante estos años, un movimiento que el Ministerio Público aguarda desde hace semanas.
No obstante, fuentes de esta Fiscalía Especial han avanzado que, previsiblemente, habrá que cambiar la acusación esbozada para ajustarla a la nueva configuración del delito de malversación, la cual supone rebajar las penas actuales allí donde se observe que no hay ánimo de lucro o donde la conducta delictiva consista en usar el dinero para un fin distinto al previsto.
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