El tribunal pretende resolver los casos más antiguos antes de abordar los últimos recursos planteados
MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
El nuevo Tribunal Constitucional (TC), con una mayoría progresista de 7 magistrados frente a 4 que cuenta en su cúpula con dos magistrados del sector mayoritario, Cándido Conde-Pumpido como presidente e Inmaculada Montalbán como vicepresidenta, se ha fijado entre sus objetivos dar salida a los más de cien asuntos pendientes, empezando por dar respuesta a los más antiguos, entre ellos el recurso del PP contra la ley del aborto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press apuntan que el nuevo TC ve necesario hacer una puesta a punto con la intención de liquidar a lo largo de los próximos meses la larga lista de asuntos pendientes, que atribuyen a la consolidada costumbre del Constitucional de no resolver temas polémicos en el fragor del debate político.
Las fuentes explican que la idea es empezar contestando a los asuntos que llevan más tiempo en la recámara, entre los que destaca el recurso presentado en 2010 por diputados ‘populares’ contra la ley del aborto, al que después se sumó un recurso de Vox contra la ley que penaliza el acoso a las mujeres que acuden a las clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo.
En la mira del Constitucional renovado están igualmente los dos recursos de amparo presentados por la defensa del que fuera diputado de Podemos Alberto Rodríguez contra la sentencia del Tribunal Supremo (TS) y contra la pérdida del escaño. La Fiscalía se ha mostrado a favor de concederle el amparo por esto último, pero no por la condena.
También siguen en el tintero los recursos de Vox y PP contra las dos reformas operadas en los últimos años sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). La primera, de marzo de 2021, prohibió a un CGPJ caducado –como el actual– hacer nombramientos discrecionales en los altos tribunales, mientras que la segunda, del pasado julio, devolvió al Consejo su poder para designar a sus dos candidatos al TC.
La primera reforma fue impugnada por Vox y por el PP. Ambos recursos fueron admitidos pero el fallo sigue pendiente. En la misma situación se encuentra el recurso ‘popular’ contra la segunda modificación. Algunas voces habían urgido al TC a resolver estas impugnaciones para despejar dudas en el contexto de la crisis generada en torno al Consejo General del Poder Judicial, si bien fuentes del tribunal pusieron de relieve la necesidad de mantenerlo al margen del ruido político.
Además, el TC aún debe resolver el fondo de los recursos de PP y Vox contra la forma en que se tramitó en el Congreso de los Diputados y en el Senado la reforma para desbloquear la renovación del propio Constitucional, que finalmente tuvo lugar el pasado lunes. No obstante, al ser de las impugnaciones recientes, se encuentra a la cola de la lista de prioridades, de acuerdo con dichas fuentes.
EL 25%, EUTANASIA Y ‘LEY CELÁA’
El Constitucional tiene igualmente sobre la mesa los recursos de PP y Ciudadanos contra la ley catalana que sortea la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que reafirma la obligación de que al menos el 25% de las clases en Cataluña sean en castellano. Vox también recurrió pero su impugnación no se admitió a trámite por un defecto formal.
Entre los asuntos que aguardan respuesta, destacan asimismo los recursos admitidos de Vox y PP contra la nueva ley educativa, la LOMLOE, también conocida como Ley Celaá –la ministra que la impulsó–.
El entonces líder del PP, Pablo Casado, calificó la norma como “un atentado contra la libertad” y contra la calidad y unidad del sistema educativo. En concreto, afeó que ataca al castellano como lengua vehicular en toda España, que permita “pasar de curso con más asignaturas suspensas” y que impida elegir centro educativo.
Tampoco se ha resuelto la impugnación de Vox contra la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia. Los de Santiago Abascal reprochan que se incluya la obligatoriedad de que todos los menores reciban “educación afectivo sexual”, una medida que –dicen– “incorpora normativamente una ideología estatal en la que forzosamente se pretende adoctrinar a los alumnos”.
En el plano social, la corte de garantías admitió también los recursos de PP y Vox contra la ley que regula la eutanasia, que permite practicarla a pacientes que lo soliciten y que tengan un “padecimiento grave, crónico e imposibilitante o una enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable”.
Vox alegó que la ley es inconstitucional porque, a su juicio, el Estado tiene como “primera obligación” defender la vida, no puede convertirse “en cómplice de la muerte”, mientras que el entonces PP de Pablo Casado expuso que, con “125.000 fallecidos por coronavirus”, en junio de 2021 no era el “mejor momento para abordar” este tema.
LA VOTACIÓN DE LA REFORMA LABORAL
Otros recursos a la espera de fallo en el Constitucional son los presentados por Vox, PP y Alberto Casero contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por la votación del 3 de febrero de 2022 de la reforma laboral, que salió adelante por 175 votos a favor frente a 174 en contra, siendo clave el emitido telemáticamente por el diputado ‘popular’, que se sumó por error suyo a los síes.
Tanto Vox como el PP sostienen que la decisión de Batet de no permitir que Casero votara de forma presencial, para enmendar su equivocación, supuso “hurtar la voluntad popular”. Posteriormente, un informe de los letrados del Congreso determinó que el voto telemático del diputado fue válido, descartando un error informático y apuntando así al fallo humano.
El TC también ha admitido pero no resuelto las impugnaciones del Gobierno madrileño de Isabel Díaz-Ayuso y Vox contra el decreto de ahorro energético aprobado el pasado agosto, que limita la temperatura de calefacción y refrigeración a 19 y 27 grados centígrados, respectivamente, en inmuebles de administraciones públicas, establecimientos comerciales, espacios culturales o transportes.
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