OVIEDO, 11 (EUROPA PRESS)
El médico del HUCA que acusa a ocho compañeros sanitarios de haber entrado en su historial médico en 2017 cuando estaba ingresado bajo custodia policial en dicho centro ha asegurado en el juzgado que “no tiene intención de que ninguno de sus compañeros entre en la cárcel o pierda su trabajo” ya que “los perdona” y ha destacado que cuando se incorporó al trabajo y comprobó a través del programa informático la cantidad de personas que entró en su historial sanitario “se le cayó el alma a los pies y lo pasó muy mal”.
No obstante ha reconocido en varias ocasiones que “no puede asegurar al cien por cien” que esos ocho acusados hayan sido los que entraron en su historial. En este sentido, al igual que ayer hicieran los procesados, que es habitual que los profesionales dejen sus sesiones abiertas en los ordenadores con su clave y su usuario, y por lo tanto que sean otros quienes accedan.
Ha relatado los motivos por los que decidió interponer la querella, explicando que cuando lo vio consideró que había muchos accesos a su historial “que no estaban justificados”.
“No había justificación, más teniendo en cuenta el motivo de mi ingreso, que había sido un bombazo y que todo el mundo lo sabia porque corrió como la pólvora por el hospital. Se me cae el alma a los pies cuando llego a trabajar y entro en el desplegable y veo el número de personas que había entrado, lo pasé realmente mal. Posteriormente me enteré de que había rumores, me dicen que incluso había un chat de enfermeras en el que se estaba comentando cosas sobre mí que no eran ciertas y cosas que sí lo eran pero solo mi médico lo sabía como problemas de depresión”, ha explicado el querellante que ha relatado que después tuvo que coger una baja laboral diagnosticado por depresión.
Según ha explicado el denunciante a preguntas de su abogado, inicialmente presentó una querella contra 34 personas que posteriormente se mantuvo únicamente en ocho personas que hoy se sientan en el banquillo. Así decidieron establecer “un filtro” por el que se excluyó a las 26 personas que estaban trabajando mientras él estaba ingresado. No obstante ha indicado que “quizás con ese filtro” se hayan incluido a personas, como el caso de una enfermera, de manera errónea.
“Puede que de las personas excluidas haya gente que accedió a mi historial de manera incorrecta y personas aquí sentadas cuyas sesiones hayan podido ser utilizadas por otras”, ha indicado.
Así ha insistido en que renuncia a cualquier acción penal ya que se conforma con que “todas las personas le paguen 7.500 euros –60.000 euros en total–“, lo que sería suficiente para él. “Retiro la acción penal porque no quiere ser responsable de la pérdida de trabajo de mis compañeros o de que entren en prisión. No quiero hacer más daño, es suficiente que se me indemnice no pretendo que nadie entre en la cárcel”, ha dicho.
También ha indicado, a preguntas del fiscal, que no oyó a ninguno de los ocho acusados comentar sus datos, simplemente oyó rumores sobre su caso, pero sin saber de quien partían. Así mismo ha destacado que a varios de ellos no los conoce”.
La Fiscalía reclama a seis de los acusados, por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos a seis de los acusados, una petición individual de pena de dos años y siete meses de prisión, así como al pago de una multa de 5.700 euros y su inhabilitación absoluta durante seis años y un mes. Para los otros dos pide una pena de tres años y tres meses de prisión, multa de 6.300 euros y su inhabilitación absoluta durante nueve años y un mes.
En esta segunda sesión del juicio, que se extenderá hasta el viernes, prestan declaración, además del denunciante, varios testigos, todos ellos personal sanitario del HUCA.
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