ALMERÍA, 10 (EUROPA PRESS)
La vista oral contra cuatro integrantes del clan ‘Los Minos’ por el asesinato en 2019 de un vecino de Gádor (Almería) ha arrancado este miércoles en la Audiencia Provincial con una sesión que ha servido para que los miembros del jurado popular escuchen los alegatos previos, tanto de las acusaciones, que solicitan penas que oscilan entre los 42 y los 21 años de prisión y se han referido al crimen con la expresión “orgia de sangre”, como de las defensas.
Ante el tribunal presidido por el magistrado Ignacio Gómez Ángulo, el Ministerio Fiscal ha indicado la relación de hechos “parece una película” y ha dicho que, según señalan las pruebas “está clarísimo” que “los cuatro” procesados, un hombre y sus tres hijos, “dispararon” a la víctima “en la puerta de su casa” y en presencia de su hijo hasta “matarlo”.
Ha afirmado que llevaron “demasiado lejos” los “problemas entre ambas familias” ya que la de los enjuciados querían la casa del fallecido para expandir supuestamente el cultivo de marihuana al que se dedican.
El fiscal ha subrayado que el día del crimen los cuatro procesados “salieron con escopetas y pistolas”, se “acercaron a una persona”, y la “cosieron a balas”, y ha justificado achacar dos delitos de asesinato en tentativa ya que uno de ellos habría disparado contra otros dos miembros de la familia del fallecido en su huida.
Por su parte, la acusación particular ha trasladado al jurado popular que la de la víctima es una “familia trabajadora” frente a un clan “sin otra profesión conocida que el tráfico de drogas”.
Ha remarcado que los cuatro procesados “organizaron un ataque, también su huida” con el que “querían matar a más personas”. “Aquello fue una orgía de sangre”, ha afirmado para concluir que se trata “de un caso extremo, que no encaja en ninguna sociedad”.
En el mismo trámite, que da paso a la declaración de los acusados este miércoles, la defensa de dos de los hermanos ha pedido una “justicia sin prejuicios” que determine cuál fue la participación de cada uno de ellos y ha indicado que el “dolor no debe de arrastrar a cuatro personas a una condena ejemplar”.
Ha rechazado la existencia de un “plan preconcebido”, ha enmarcado los hechos en una “discusión entre varias personas a la vez”, y ha eximido a sus defendidos, quienes –ha dicho– “salieron al escuchar detonaciones con una participación secundaria”.
La abogada del padre ha demandado al jurado popular que afronten las sesiones del juicio como “una hoja en blanco” y ha afirmado que su patrocinado “no disparó” como tampoco “existía intención anterior con sus hijos de atentar contra la víctima”.
Por último, la defensa del último encausado ha apuntado que las pruebas que obran en la causa desmienten la idea de la “premeditación” ya que “había niños jugando en la calle” y ha afirmado que los disparos “se produjeron a las piernas, sin intención de matar”.
Ha señalado, asimismo, que su cliente se “entregó” a la justicia. “Cometió unos hechos y se entregó, pero habrá que ver el matiz de los hechos, porqué se produjeron y qué lo provoco”, ha concluido.
ACUSACIÓN FISCAL
Además de un delito de asesinato por el que la Fiscalía reclama 18 años de prisión para cada uno de los cuatro miembros de la misma familia, los acusados también se enfrentan a un delito de depósito de armas y municiones, por el que el Ministerio Público reclama cuatro años más de cárcel a los tres hermanos, que cuentan con antecedentes por delitos similares, y tres años al padre.
De otro lado, el Ministerio Público atribuye a I.F.S. dos delitos de asesinato en grado de tentativa, por los que le reclama 20 años más de prisión, al considerar que fue el autor de varios de los disparos que se produjeron durante su huida contra dos miembros de la familia de la víctima mortal, quienes acudieron al lugar de los hechos en sus respectivos vehículos.
Los hechos tuvieron lugar sobre las cuatro de la tarde del 10 de mayo de 2019 cuando los cuatro acusados se encontraban en las puertas de su domicilio y vieron a la víctima sentada en el portal de su vivienda, en la calle Ossetia del Norte.
Fue entonces cuando, según la Fiscalía, actuaron “de común acuerdo conforme a un plan previo, cogieron varias armas que tenían en su poder, las repartieron, salieron a la calle” y “con intención de quitarle la vida” a su vecino “desde diferentes distancias, comenzaron a dispararle” sin que se sepa exactamente qué arma llevaba cada uno y cuántos disparos realizaron.
La víctima murió “casi en el acto” a consecuencia de las “numerosas heridas”, varias de ellas “mortales de necesidad” que recibió en distintas partes del cuerpo. Al escuchar los disparos, el hermano del fallecido salió de la vivienda y al ver a la víctima en el suelo se acercó a ella, momento en el que I.V.F. “le disparó con la intención de causarle la muerte” aunque, al huir corriendo, el disparo le alcanzó el glúteo, según el relato del fiscal.
Los acusados abandonaron la escena del crimen en diferentes vehículos que “tenían preparados” para ir en dirección a Almería, de modo que durante la marcha I.V.F., que ocupaba el asiento trasero izquierdo de uno de los coches, habría disparado contra otro hermano de la víctima, al que se cruzó en su camino cuando iba en su coche hacia el pueblo acompañado por su mujer.
Al cruzarse los dos coches, el acusado “disparó desde su ventanilla al vehículo” hacia la cabeza del perjudicado “con la intención de causarle la muerte” aunque “por el movimiento de los vehículos, el proyectil no llegó a alcanzar a ninguno de los ocupantes”, de modo que el proyectil impactó en el marco de la luna delantera con la ventanilla del copiloto.
UNA ADQUISICIÓN DE ARMAS PREVIA
Conforme la acusación de la Fiscalía, los días previos al crimen y ante la “tensa” situación que se mantenía con la víctima, los acusados habrían planeado el crimen. Para ello, el padre de familia se habría puesto en contacto con un conocido para que le “ayudase a comprar dos escopetas”, a cambio de perdonarle una supuesta deuda que mantenía con ellos por la venta de estupefacientes.
El trato consistía en que el conocido, que tenía licencia de armas, adquiriera las escopetas en su nombre para luego darlas a la familia de los acusados, lo cual habría aceptado ante dicha “deuda”, su falta de dinero y la presión sufrida ante una gente que consideraba “conflictiva”.
Así, dos días antes del crimen el padre y uno de los hijos acudieron con el conocido hasta la armería de Alhama de Almería donde se decantaron por una repetidora del calibre 12 y un rifle Winchester repetidor del calibre 22. Al día siguiente, cuando recogieron las armas, compraron además dos cajas de munición del calibre 22 y otras dos del calibre 12.
En casa de los acusados, quienes se enfrentan a un segundo juicio por el tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, se hallaron dos carabinas –una de ellas modificada–, cuatro pistolas semiautomáticas, una de ellas con el número de identificación parcialmente borrado; dos escopetas y dos rifles.
Además del interrogatorio a los cuatro acusados, el juicio prevé a lo largo de sus seis sesiones tomar declaración a una quincena de testigos y la práctica de seis pruebas periciales entre informes forenses, de criminalística, especialistas del departamento de química de la Guardia Civil y de balística, entre otras.
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