MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha resuelto que el Ministerio de la Presidencia debe dar a conocer los informes y manifiestos políticos o jurídicos que viene compartiendo con la Generalitat en la mesa de diálogo sobre Cataluña.
Así lo ha decidido el organismo que preside José Luis Rodríguez a instancias de un ciudadano que se había topado con la negativa de Moncloa a proporcionarle documentación sobre las negociaciones con el Gobierno independentista.
¿QUIÉN SE SIENTA EN LA MESA?
En su resolución, recogida por Europa Press, el Consejo de Transparencia exige al Gobierno que facilite los nombres de los integrantes actuales de dicha mesa bilateral de diálogo, la relación de reuniones convocadas y realizadas, o pendientes de realizar, los acuerdos adoptados en dicho foro, y también “los informes, manifiestos o pronunciamientos políticos y/o jurídicos adoptados en dicha mesa o al amparo de la misma”.
Además, quiere que, en el plazo de diez días, el Ministerio envíe copia de la documentación al CTBG para asegurar su cumplimiento. Si se niega, el Gobierno tiene la opción de interponer un recurso en los tribunales por la vía de lo contencioso-administrativo.
Hasta ahora el Gobierno ha negado esa documentación alegando que “la mesa bilateral de diálogo, negociación y acuerdo para la resolución del conflicto político” no es un órgano de cooperación interadministrativa, sino “un foro informal de diálogo entre ambos gobiernos”, por lo que sólo ofrecía al reclamante lo que Moncloa ha hecho público en su págna web.
Para el Consejo de Transparencia, debe atenderse la petición de esa documentación “en la medida en que puede inferirse con claridad que se trata de información que obra en poder del sujeto obligado y que ha sido proporcionada únicamente de forma parcial sin la correspondiente actualización”.
EL ORIGEN DE LA REFORMA QUE SUPRIMIÓ LA SEDICIÓN
En la última reunión de la mesa de diálogo, celebrada a finales de julio del pasado año, se dieron a conocer dos documentos relativos a la llamada “desjudicialización” del conflicto político y a la promoción del catalán.
En el primer documento se abogaba por “avances paulatinos y concretos” que “se deben concretar en reformas legislativas, normativas, reglamentarias o de cualquier otra índole para superar la judicialización y sus efectos, tomando además como referencia los mejores estándares y recomendaciones europeas e internacionales”. Aquel compromiso es precisamente la justificación de la posterior reforma legal para suprimir el delito de sedición y para modificar el de malversación, aprobada a final de año.
El otro documento, de tres folios, incluía numerosos compromisos para que el Gobierno promoviera el uso del catalán en distintos foros además de comprometerse a respaldar el nuevo marco normativo que aprobó el Parlamento catalán para no dar curso a la sentencia que les obligaba a aplicar el 25 por ciento de la lengua española en las aulas.
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