Pablo Lucas asume las riendas de una Sala Tercera al límite de sus fuerzas, con 22 de sus 33 miembros
MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Lucas, encargado de controlar la legalidad de las actividades del CNI, se ha convertido este lunes en el presidente interino de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS, tras la partida de su hasta ahora responsable, César Tolosa, al Tribunal Constitucional (TC), lo que agrava la crisis en esta sala por la falta de efectivos.
Tolosa ha tomado posesión este mismo lunes como nuevo magistrado del TC, cargo para el que le postuló el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su Pleno extraordinario del pasado 27 de diciembre junto a María Luisa Segoviano, expresidenta de la Sala de lo Social del TS.
Las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press explican que el vacío generado en la Presidencia de lo Contencioso-Administrativo tras la marcha de Tolosa se cubre de manera automática con el magistrado más antiguo de la Sala Tercera, Lucas.
Se da la circunstancia de que Lucas fue uno de los candidatos propuestos por los vocales del CGPJ para el TC. El bloque progresista lo incluyó en su primer listado de nueve aspirantes y, posteriormente, el sector conservador llevó su nombre a la primera votación junto al de Tolosa.
Lucas obtuvo solo los votos de los diez vocales conservadores porque sus pares progresistas optaron entonces por el también magistrado del TS José Manuel Bandrés. La ‘fumata blanca’ llegó en la segunda votación, donde el tándem propuesto por el bloque conservador, Segoviano y Tolosa, obtuvo un respaldo unánime.
MÁS DE UNA DECENA DE VACANTES
El juez del CNI asumirá las riendas de la Sala Tercera en un momento crítico para la misma porque, si bien la ley marca que debe contar con 33 magistrados, con la salida de Tolosa se queda en 22.
La razón es que el CGPJ no ha podido cubrir las vacantes que han ido surgiendo desde marzo de 2021 debido a la reforma legal operada en esa fecha, que impide a un Consejo en funciones, como el actual –que lleva cuatro años caducado–, hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial.
La anterior baja se produjo el 27 de diciembre por la jubilación forzosa del magistrado Octavio Herrero al cumplir la edad legalmente establecida. En los próximos meses, la situación de la Sala Tercera podría empeorar, ya que el 27 de marzo se jubilará también Inés Huerta.
AGUJERO EN LA CÚPULA JUDICIAL
Aunque la de lo Contencioso-Administrativo es la Sala del TS más afectada por la imposibilidad de que el CGPJ haga nombramientos discrecionales, la situación de la Sala de lo Social es igualmente preocupante. Debería sumar 13 magistrados, pero hay cinco vacantes, entre ellas la de Segoviano, su última presidenta. Y su sustituta interina, Rosa María Virolés, se jubilará el 18 de julio.
Así las cosas, el problema al que se enfrentan desde hace tiempo las salas de lo Social y lo Contencioso-Administrativo es que sus magistrados deben rotar para poder componer las secciones donde se deliberan y fallan los asuntos, una especie de pequeños tribunales que deben tener cinco magistrados.
Con todo, el Supremo registra un total de 19 vacantes, un 24% de sus efectivos, si bien en el conjunto de la cúpula judicial el agujero es ya de más de 70 plazas, entre tribunales superiores de justicia, audiencias provinciales, Audiencia Nacional y TS.
En este contexto, el Supremo permanece a la espera de una solución para resolver el atasco, bien un acuerdo entre Gobierno y PP para renovar el CGPJ, de modo que pueda recuperarse la dinámica de nombramientos discrecionales; bien que el TC tumbe o avale la citada reforma legal.
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