MADRID, 31 (EUROPA PRESS)
La vida de la Iglesia católica española ha estado marcada en 2022 por la puesta en marcha de las investigaciones sobre los abusos sexuales a menores en el seno de las instituciones eclesiásticas, por la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los bienes inmatriculados y por la “inquietud” que han generado entre los obispos las leyes “ideológicas” como la Ley Trans. De cara a 2023, está previsto que se dé a conocer el resultado de la auditoría encargada por los obispos al despacho Cremades & Calvo-Sotelo y que se conozcan los avances de la investigación del Defensor del Pueblo.
Entre los hechos más destacados de 2022, el 24 de enero tuvo lugar la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la Conferencia Episcopal Española (CEE), donde se reunió con el presidente y cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, y abordaron diferentes temas, desde su intención de colaboración “estrecha”, como “los inmigrantes, los corredores humanitarios” o la lucha contra “la pobreza”; hasta otros más “morales” en los que encuentran divergencias como “el aborto, la eutanasia” o la “educación”.
El encuentro fue objeto de polémica ya que, tras la reunión, el Gobierno y la Iglesia católica dieron versiones opuestas sobre el acuerdo de inmatriculaciones al que habían llegado. Según el Ejecutivo, acordaron que 1.000 bienes fueron inmatriculados indebidamente por la Iglesia, mientras que los obispos aseguraron que se trataba de 1.000 errores, es decir, un millar de bienes que fueron adjudicados erróneamente por el Gobierno a la Iglesia pero que no son suyos y, por tanto, no pueden devolverlos.
En todo caso, la visita fue un acontecimiento ya que era la primera vez que el presidente del Gobierno visitaba la casa de los obispos. En el transcurso del encuentro, Omella enseñó a Sánchez la Capilla de la Sucesión Apostólica, obra de Rupnik, y rezó una breve oración por los gobernantes de España.
Otro de los asuntos que ha afectado a la Iglesia católica española durante este año 2022 ha sido la puesta en marcha de distintas investigaciones sobre los abusos sexuales a menores perpetrados por parte del clero o de religiosos.
Así, a comienzos del mes de febrero, el PSOE presentó una iniciativa en el Congreso de los Diputados para que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, liderara una investigación de los abusos en la Iglesia, una fórmula diferente a la registrada por Unidas Podemos, Esquerra Republicana y EH Bildu, que habían reclamado crear una comisión de investigación sobre los abusos en la Cámara Baja.
Pocos días después, la Conferencia Episcopal Española anunció que había encargado una auditoría al despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo para investigar los abusos sexuales a menores. “Vamos a ir hasta el final”, explicó el presidente de la firma legal, Javier Cremades, en una rueda de prensa multitudinaria en la que participaron medios extranjeros, junto al presidente de la CEE.
ENTRE 1.000 Y 2.000 CASOS
Cremades anunció, entonces, su intención de colaborar con el Defensor del Pueblo y, posteriormente, en el mes de julio, reveló, en una entrevista con Europa Press, que estaban clasificando “entre 1.000 y 2.000 casos” de abusos sexuales en la Iglesia, la mayoría ocurridos en los años 70 y 80 del siglo XX.
De forma paralela, en marzo, el Pleno del Congreso aprobó abrir una investigación sobre los abusos sexuales a menores acaecidos en el seno de la Iglesia católica, liderada por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, de la mano de una comisión de expertos. La iniciativa fue aprobada con el voto a favor de Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Ciudadanos, BNG, JuntXCat, PDeCAT y también el PP, el voto en contra de VOX y dos abstenciones de UPN.
La Comisión Asesora encargada de elaborar este informe se constituyó el 5 de julio de 2022 y, un día después, abrió la Unidad de Atención a las Víctimas, para que estas puedan exponer su testimonio. Según los últimos datos de finales del mes de octubre, la comisión de investigación del Defensor del Pueblo había abierto 253 expedientes de víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica, de las más de 400 comunicaciones recibidas, que han dado lugar a 149 entrevistas personales.
Al mismo tiempo, a lo largo de este año, la Conferencia Episcopal Española ha dado otros pasos en la lucha contra los abusos como la creación de un servicio de coordinación y ayuda a las víctimas, integrado por psicólogos y otros expertos; la aprobación de un protocolo marco de prevención y actuación en caso de abusos, o el lanzamiento de la web ‘Paradarluz.com’, que recoge información sobre el trabajo realizado por la Iglesia en este sentido.
Asimismo, el presidente de la CEE y cardenal arzobispo de Barcelona Juan José Omella tuvo el gesto este año de recibir en la casa de los obispos a 15 víctimas de la asociación Infancia Robada, con las que mantuvo una reunión de tres horas y media, y las cuales le pidieron que colaboraran con la comisión de Gabilondo.
Según datos de la CEE, publicados en marzo de 2022, la Iglesia española habría recibido 506 denuncias de abusos sexuales a menores en los dos primeros años desde que se pusieron en marcha las oficinas para la prevención de abusos a menores, de las cuales 300 obedecen a asuntos ocurridos hace más de 30 años.
“INQUIETUD” POR LA LEY TRANS
Por otra parte, durante este año, los obispos han manifestado su “inquietud” en distintas ocasiones por las leyes “ideológicas” del Gobierno de coalición, entre otras, por la ley Trans, que reconoce la autodeterminación de género, y que fue aprobada hace una semana.
Asimismo, invitaron a “movilizarse” contra las leyes que “atentan contra la vida”, y avisaron a los católicos de que están “absolutamente obligados a objetar” y no pueden prestar colaboración ni siquiera formal ante prácticas como el aborto o la eutanasia, ni votar, en el caso de los políticos, a favor de leyes que las permitan. También lamentaron que las comunidades autónomas, “en muchos casos”, no hayan aprovechado para dotar de un horario “más amplio” a la clase de religión.
Igualmente, este 2022, la Iglesia española propuso abrir un diálogo sobre el celibato opcional, la ordenación de curas casados y mujeres. Así se recogía en una síntesis de las propuestas de los católicos españoles en la fase diocesana del Sínodo de los Obispos, convocada por el Papa Francisco, y cuya asamblea general se celebrará en octubre de 2023 en el Vaticano.
Por otro lado, los obispos españoles también han mostrado su preocupación este año por la guerra en Ucrania, exclamando “¡Nunca más la guerra!”; por la crisis energética y alimentaria, y por la situación de los migrantes que intentan llegar a España, pidiendo que se esclarezcan los hechos ocurridos el 24 de junio en la valla de Melilla, donde murieron al menos 23 personas.
Otro hecho destacado este año para la Iglesia española ha sido la elección del nuevo secretario general de la CEE, César García Magán, que vino a sustituir a Luis Argüello, que decidió dejar el cargo para dedicarse a su nueva labor como arzobispo de Valladolid.
En su primera rueda de prensa como secretario general de la CEE, García Magán entró a valorar algunos asuntos de actualidad como la rebaja de condenas por abusos con la ‘Ley del solo sí es sí’, afirmando que ha generado “una alarma social justa” y pidiendo “no culpabilizar o responsabilizar a los jueces”. También condenó la violencia machista y mostró su preocupación por el hecho de que cada vez se dé más entre los jóvenes.
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