El siguiente paso es que juren o prometan su cargo ante el Rey y que tomen posesión en el tribunal
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
El Tribunal Constitucional (TC) ha dado este jueves el visto bueno a los magistrados propuestos por el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para la renovación parcial del órgano de garantías tras examinar si cumplían con los requisitos de idoneidad que fija la ley.
Según ha informado el órgano de garantías, el Pleno Gubernativo ha aprobado por unanimidad las candidaturas del magistrado de la Audiencia Nacional y exministro de Justicia Juan Carlos Campo y de la ex directora general del Ministerio de Presidencia Laura Díez –propuestos por el Gobierno–; así como del magistrado del Tribunal Supremo (TS) César Tolosa y de la magistrada jubilada del TS María Luisa Segoviano –por parte del CGPJ–.
El tribunal ha considerado que los cuatro cumplen con los requisitos establecidos en la ley: son ciudadanos españoles de carrera magistrados, fiscales, abogados, profesores universitarios o funcionarios públicos, “todos ellos juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional o en activo en la respectiva función”.
El Pleno Gubernativo se ha reunido este jueves para iniciar el trámite por el que se sustituye a los cuatro magistrados del Constitucional que vieron caducar su mandato el pasado 12 de junio.
Tras recibir el visto bueno de este jueves, los nuevos ingresos jurarán o prometerán el cargo ante el Rey Felipe VI, a quien compete nombrarlos, para un periodo de nueve años. Concluido este acto protocolario ante el Rey, los candidatos ya podrán tomar posesión en el TC.
Los cuatro magistrados designados por el Gobierno y el CGPJ reemplazarán al presidente del TC, Pedro González-Trevijano; su vicepresidente, Juan Antonio Xiol; y los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares, que componen el tercio que la Constitución encarga renovar al Ejecutivo y al órgano de gobierno de los jueces.
CAMBIO DE MAYORÍAS
Con la entrada de estos cuatro candidatos, cambia el tablero de mayorías en el Constitucional. Hasta ahora, en el tribunal figuraban 6 magistrados del bloque conservador y 5 del bloque progresista.
De hecho, la semana pasada el TC resolvió una votación inédita con esta fórmula –6 a favor y 5 en contra– para paralizar de forma urgente la tramitación parlamentaria, ya en el Senado, de las dos enmiendas por las que se modificaba el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al TC que nombra el CGPJ, admitiendo así las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP en su recurso contra dichas enmiendas.
La llegada de Segoviano, Campo y Díez cambiará este escenario y favorecerá al ala progresista, que conseguirá reunir 7 magistrados. Los conservadores, por su parte, se quedarán con 4.
Todo ello, a la espera de que se cubra la vacante del magistrado Alfredo Montoya, que abandonó el cargo en verano por motivos de salud. La ley estipula que la plaza de este magistrado se cubrirá de la misma forma en la que se designó y por el tiempo que le restase; es decir, a través del Senado. Antes de su designación, el elegido deberá comparecer previamente ante la correspondiente comisión de la sede legislativa.
ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DEL TC
Una vez que los cuatro nuevos integrantes del Constitucional tomen posesión, se procederá a la elección del nuevo para reemplazar a González-Trevijano. Será una votación secreta que, en una primera vuelta, requerirá mayoría absoluta y, en caso de que no se alcance, se procederá a una segunda votación que se resolverá por mayoría simple.
Si hay empate, se votará de nuevo. Si se repite la situación, será propuesto para el cargo de presidente el de mayor antigüedad en el TC; si que haya dos magistrados con la misma antigüedad, será propuesto el de mayor edad.
El nombre del presidente y del vicepresidente elegido se elevará al jefe de Estado para su nombramiento por un período de tres años. Solo podrán ser reelegidos una vez.
Hasta ahora, los dos nombres que han trascendido para presidir el órgano de garantías son los de Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer, ambos del ala progresista del tribunal.
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