ESTAMBUL, 28 (DPA/EP)
El alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, ha advertido este miércoles de que las autoridades turcas seguirán agudizado las presiones contra él y su administración municipal una vez se confirmó hace unos días su condena de dos años y siete meses de prisión por insultar a miembros del Consejo Supremo Electoral.
Imamoglu, del opositor Partido Republicano del Pueblo (CHP), prevé que en las próximas semanas y meses se abran nuevas investigaciones “políticamente motivadas” con vistas a perjudicarle tanto a él como a su formación en las elecciones de junio de 2023 bajo la acusación sobre presuntos vínculos terroristas entre su personal.
Así, el alcalde de Estambul ha detallado que actualmente la Fiscalía dispone de más de 1.650 nombres bajo sospecha y ha acusado al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, de preparar toda una trama para destituirle y recuperar así, casi tres años después, una ciudad que estuvo más de dos décadas bajo su control.
“Pueden hacer cualquier cosa… Sabemos que no se detendrán ante nada en los próximos tres, cuatro o cinco meses”, ha alertado Imamoglu, principal representante de la oposición laica y potencial rival de Erdogan en las elecciones de 2023.
Hace dos semanas fue inhabilitado y condenado a dos años y siete meses de prisión por presuntos insultos a miembros de la Junta Electoral Superior (YSK) en 2019, cuando canceló la primera vuelta de las elecciones locales, las cuales volvió a vencer con un margen aún mayor cuando se volvieron a repetir ese mismo año.
Varias organizaciones de derechos y de la sociedad civil han cuestionado el proceso judicial contra el alcalde Imamoglu y la persecución contra él que habría iniciado el Gobierno de Erdogan por temor a que se erigiera como un importante rival en un contexto además de crisis económica y política que hace de la cita de 2023 la contienda electoral más importante de los últimos 20 años
Imamoglu no es la única autoridad local que ha visto como los tribunales le desplazaban del cargo. En los últimos años, varios alcaldes kurdos de localidades del sureste del país han sido destituidos por supuestos vínculos con grupos terroristas.
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